Mediante una ley que se aprobó esta semana, enviada por Marcelo Orrego a la Legislatura, el Ministerio de Salud podrá recuperar efectivamente fondos que destina a atender a pacientes con obra social o prepaga en hospitales y otros centros de salud en toda la provincia. Por esta acción, se prevé que el Gobierno de San Juan recobrará unos 180 millones de pesos por mes, que se podrán redistribuir en la atención sanitaria.
Quien dio estos detalles sobre la norma fue el jefe del bloque orreguista, Juan Córdoba, quien en declaraciones a Radio Sarmiento afirmó que la ley aprobada en la sesión de este martes se encamina a ser promulgada durante la semana que viene, y rápidamente reglamentada para tener vigencia en pocos días.
Se trata de la ley que se aprobó esta semana en la Legislatura local, por la cual se creó el Registro Provincial de Obras Sociales de San Juan. El legislador explicó que se trata de poder cobrar a partir del año 2021 y hasta febrero de este año "todo lo que tiene que ver con recuperos de sumas dinerarias que el Estado Provincial tiene que invertir para atender en los centros de salud, hospitales y demás, a personas que tienen cobertura social, medicina prepaga y demás".
Esta atención se da con más fuerza ahora, pero, según destacó el diputado, no corresponde que estos pacientes se atiendan en centros públicos porque tienen estas coberturas, y por estas coberturas se les descuenta el recibo de sueldo o pagan".
Con la norma aprobada, los Estados Provinciales tienen la posibilidad de hacer ese recupero, cobrándole a estas entidades, ya sean gremiales o privadas, por lo que tuvo que pagar o erogar el Estado Provincial por atender sanitariamente a estas personas.
Córdoba explicó que "desde el año 2021 y hasta febrero de este año, la Nación había concentrado el recupero de esos importes y después lo distribuía entre las provincias de acuerdo a los gastos que hubiera afectado cada provincia. Con un decreto nacional que emitió el presidente de la Nación en febrero de este año, 172, si mal no recuerdo, esta competencia vuelve a las provincias. Entonces, esta ley que se aprobó ahora el día martes en sesión especial en la legislatura tiene vinculación con esto".
En este marco, la creación de un registro provincial de agentes de servicio de salud implica que "tienen que ir todas las obras sociales, ya sean nacionales, provinciales, las mutuales, compañías de seguros también, por cuanto muchas veces lo que ocurre normalmente en San Juan es que cuando hay un accidente de tránsito van los heridos directamente al hospital Rawson, al sector de urgencias, y entonces muchas veces quien debe hacerse responsable del pago termina siendo una aseguradora de seguro patrimonial de algún vehículo que es victimario, es decir, que daña a esa persona que se lleva al hospital. Entonces también están incluidas compañías de seguro y aseguradoras de riesgo de trabajo".
Las empresas de salud y aseguradoras se deben inscribir en este registro que va a estar en la órbita del Ministerio de Salud. En este ámbito se podrá implementar un sistema informático para llevar todos los datos necesarios y poder, mensualmente, mediante las pautas que se establezcan en esos convenios, hacer el recupero, es decir, cobrar esos importes que el Estado debe pagar".
Entre los argumentos que se analizaron para impulsar esta ley, está el fenómeno de que cada vez más se da que las obras sociales "mandan" a sus afiliados a los hospitales públicos, de manera de ahorrarse costos y cargarlos al sistema público. "Era la picardía de las obras sociales, prepagas en algunos casos, mandar a la gente al hospital, porque bueno, y también toma parte de la crisis del sector privado también", indicó.
"Al enviar a las distintas agentes de servicio de salud, obras sociales, mutuales y demás, a los centros de salud públicos, las clínicas se estaban viendo reducidas cada vez más en la afluencia de pacientes, y esto hace que las clínicas privadas vean reducidos sus ingresos, y en muchas ocasiones, en estos meses últimos hemos visto que alguna clínica ha tenido que despedir personal".
"Esta ley es importante por cuanto lo que va a hacer es volver a equilibrar el sistema, va a permitir que las clínicas privadas sigan teniendo trabajo, va a permitir que en los centros de salud públicos haya camas que no estén saturadas, que haya turnos para las personas que realmente no tienen ningún tipo de cobertura", valoró. "Esta ley es importante por cuanto lo que va a hacer es volver a equilibrar el sistema, va a permitir que las clínicas privadas sigan teniendo trabajo, va a permitir que en los centros de salud públicos haya camas que no estén saturadas, que haya turnos para las personas que realmente no tienen ningún tipo de cobertura", valoró.
El legislador informó que con la puesta en marcha de este sistema "hay un cálculo de recupero de más o menos unos 180 millones de pesos por mes".
Córdoba aclaró que la norma tiene dispuesta una distribución de lo que cobra cada centro: "75% para ese centro de salud y 25 para el ministerio. Es 75% para el centro de salud que recibe una persona con obra social que pague lo mismo que paga en la parte privada, van a empezar a pagar igual. Y a su vez, también es importantísima la distribución secundaria por cuanto de ese importe que se perciba, un 33% va a equipamiento para el centro de salud, un 33% a capacitación de personal, de los profesionales de la salud del centro que corresponda y un 34% va a ser también como un bono para todos los dependientes de servicios de salud de ese centro". El contralor, concluyó, queda a cargo del Ministerio de Salud.