Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEspecialistas sanjuaninos nucleados en el CIGGIA coinciden en que el escenario hídrico actual exige repensar los mecanismos de gestión del agua. Dicen que no hay margen para postergar decisiones e impulsan el “modelo” mendocino.
La gestión del agua superficial y subterránea aparece en el centro del debate técnico de los sanjuaninos ante un escenario hídrico cada vez más ajustado.
La entidad que reúne a los principales científicos y expertos gubernamentales sanjuaninos que estudian el recurso hídrico, el CIGIAA (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido) emitió una nueva alerta sobre el agotamiento del agua subterránea en San Juan y pidió tomar urgentes medidas.
En su quinto informe técnico del año insistieron en que San Juan avanza en una crisis hídrica estructural, causada por una baja eficiencia en el uso del agua y opinaron que para solucionarlo hay que cambiar el marco legal rígido que existe para el manejo del recurso.
El documento argumenta que el sistema tradicional de gestión del recurso hídrico está obsoleto y se ve obstaculizado por un Código de Aguas inflexible que no permite la adaptación a las necesidades reales de los cultivos, lo que lleva a la sobreexplotación de los acuíferos.
Ante eso, sostienen la necesidad de introducir mayor flexibilidad en la gestión legal y ponen como ejemplo el modelo mendocino, el cual a los científicos sanjuaninos les parece mejor. El CIGGIA está integrado por el INTA, la UNSJ, el INA, la CONAE Y el gobierno de San Juan.
El CIGGIA insistió en que San Juan enfrenta una crisis hídrica estructural que se extiende por más de una década, y que se trata no de un ciclo natural reversible sino de un nuevo escenario climático que exige una adaptación inmediata.
Señalan que los sectores más afectados son el agrícola y el pecuario en las cuencas medias de los ríos San Juan y Jáchal, que han visto caer la superficie cultivada y la productividad. Y advierten que el problema central es la ineficiencia de un sistema obsoleto.
La mayor parte de los recursos hídricos de San Juan, tanto superficiales como subterráneos, se destinan a la producción agrícola. Sin embargo, se estima que la eficiencia global del agua distribuida a través del sistema de canales de riego no supera el 20%, lo cual es muy bajo. Aseguran que se debe a la baja eficiencia de gestión en la red primaria de distribución por los canales de riego, ya que el agua se administra por oferta con un coeficiente fijo, sin considerar las necesidades reales de los cultivos ni la superficie realmente cultivada. Esto es algo sobre lo que vienen alertando hace tiempo.
Pero en este nuevo estudio hicieron hincapié en que esta rigidez se encuentra amparada por el Código de Aguas de San Juan, que limita la flexibilidad necesaria del sistema al prohibir la entrega con coeficientes diferenciales.
Como consecuencia, la baja eficiencia de la red superficial obliga a compensar las pérdidas con el uso excesivo de agua subterránea. Y este bombeo descontrolado no solo agota la reserva estratégica de la provincia, sino que pone en riesgo el suministro de agua potable y eleva significativamente los costos de producción, restando competitividad al agro sanjuanino.
Los agricultores que invierten en tecnología de riego, al no obtener la flexibilidad y fiabilidad necesarias del sistema superficial, acuden al acuífero, lo que ha provocado la sobreexplotación del mismo.
Para lograr la eficiencia, fiabilidad y equidad requeridas en la distribución del agua, la experiencia global indica que los sistemas deben ser flexibles, insiste el CIGGIA y pone como ejemplo a la provincia vecina: dicen que Mendoza aplica el principio de descentralización operativa, y cuenta con un sistema afianzado que ha generado resultados tangibles en la participación de los usuarios y la optimización del uso del recurso.
La principal diferencia entre ambas provincias radica en sus marcos normativos: mientras que Mendoza ostenta un modelo de Autarquía Constitucional fuerte y cogestión, San Juan mantiene un modelo de Centralización Jurisdiccional donde el control lo ejerce el Departamento de Hidráulica.
En San Juan, los organismos de usuarios tienen un rol principalmente consultivo y proyectivo, supeditado a la gestión centralizada. En contraste, en Mendoza, las Inspecciones de Cauces son entes autárquicos con potestad ejecutiva, capacidad para resolver controversias en primera instancia y, crucialmente, autonomía financiera.
El análisis comparativo sugiere que los aspectos legales propiciaron en Mendoza una mayor eficiencia en el uso del agua, evidenciando las limitaciones del marco normativo sanjuanino para lograr una descentralización operativa efectiva.
El documento señala además que un error fundamental ha sido el creer que la solución vendrá solo de grandes obras o de la tecnificación individual, ignorando que la tecnología sin gobernanza es estéril. La centralización rígida de San Juan, basada en una oferta fija, provoca el vaciamiento de embalses y la sobreexplotación de acuíferos, mientras que la autarquía descentralizada de Mendoza permite una mejor conservación al adaptar la distribución a la demanda real, indicaron.
Los expertos señalan que mientras el marco legal de San Juan penalice la flexibilidad y centralice las decisiones lejos del usuario, la inversión privada en pozos de extracción de agua solo acelerará el agotamiento de los acuíferos. “Es imperativo avanzar hacia una descentralización operativa real, empoderando al regante como un actor responsable con poder de decisión”, indica el informe y agrega que el modelo de la provincia vecina demuestra que otorgar poder al usuario no debilita al Estado, sino que crea un sistema “resiliente” capaz de soportar la escasez sin colapsar. El documento completo: