La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una amnistía para los activos no declarados en el extranjero, pese a las críticas de los legisladores opositores que dicen que la medida permitiría el blanqueo de dinero obtenido ilegalmente.
Para reducir su déficit presupuestario, el Gobierno de la presidente Dilma Rousseff espera atraer hasta 150.000 millones de dólares en activos no declarados mantenidos en paraísos fiscales y cuentas secretas.
Al ofrecer una amnistía judicial, los brasileños que ingresen los fondos extranjeros no declarados al país pagarán una multa de un 30 por ciento.
El proyecto de ley, que aún debe ser votado en el Senado, fue aprobado por la Cámara baja en una votación de 230-213.
Los nuevos ingresos permitirían al Gobierno aliviar los recortes que considera necesarios para sacar a la séptima economía más grande del mundo de su peor recesión en al menos 25 años.
El proyecto de ley podría tener problemas en el Senado por ser demasiado indulgente con los evasores de impuestos y otros infractores de la ley.
Algunos críticos dicen que la medida permite el lavado de dinero de los sobornos registrados en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras que los fiscales están tratando de rastrear a unas cuentas bancarias secretas en Suiza y paraísos fiscales en el extranjero.
El proyecto de ley de la Cámara Baja estableció un tipo de cambio más favorable para la repatriación y amplió la amnistía para delitos como el blanqueo de dinero y fondos para sobornos.
"Este proyecto de ley legalizará la mayor lavandería del mundo para el dinero sucio. Es una bofetada en la cara para los brasileños honestos que pagan sus impuestos", dijo a la Cámara baja el congresista Wherles da Rocha, del partido opositor PSDB.
