-Como todos los años para esta época y siempre después de aprobarse el presupuesto nacional, Hacienda remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de recursos y gastos para el año entrante. La secuencia se explica porque el 65,75% de los ingresos provienen de la jurisdicción federal y sólo el 13,20% es el resultado que se espera del cobro de impuestos provinciales. Es una relación que comparten la mayoría de las provincias desde que resignaron el grueso de la colección de tributos en el gobierno federal. Resultado del fuerte control político que los gobiernos nacionales ejercen sobre las provincias, es la Nación la que, pese a prestar muy pocos o nulos servicios esenciales (educación, salud, justicia, seguridad) retiene para sí la gran parte de la torta dejando desequilibrada la distribución primaria de recursos. La proporción es más o menos, 70-30, siendo la gran excusa el sistema de jubilaciones. El acuerdo original era 50-50 pero se fue bastardeando con el tiempo para transformar la coparticipación de impuestos en un verdadero laberinto por el que solo circulan los expertos, sin la menor transparencia. Por la razón que fuere, esa es la cancha en que se juega y es el motivo por el que resulta imprescindible una buena relación entre las administraciones locales y la conducción nacional más allá de las eventuales diferencias partidarias. Obvio, también es el motivo por el que resultaría inútil y casi lúdico pretender elaborar una ley de presupuesto provincial antes de que esté aprobado el presupuesto nacional.
-Los números gruesos del año que viene asombrarían si no tuviéramos en cuenta la inflación que siempre tira las cifras para arriba. Por ejemplo, el año pasado los recursos de origen nacional (no me gusta el término porque en definitiva toda la recaudación se produce en las provincias y municipios) se previeron en poco más de 9 mil millones y el año que viene se esperan casi 13 mil con una diferencia porcentual favorable de (signos de admiración) el 40 por ciento (40,27). No hay forma de explicar esto con una economía estancada o en recesión, así que no hay que estrujar mucho el cerebro para advertir cuál es el índice real de inflación que el mismo gobierno federal espera para el período. Durante los años de fuerte crecimiento, era necesario restar la tasa de crecimiento al incremento de la recaudación para calcular en los hechos la inflación ocurrida. Ahora, sin crecimiento, la cuenta es más sencilla, es directa. Es cierto que hay una mayor presión y eficiencia de la AFIP, pero no para tanto. Igual, el monto total que se espera ingresar al tesoro por distintas vías el año que viene es ambicioso, 18 mil 649 millones de pesos que al cambio actual representan casi 2 mil 200 millones de dólares, unos 700 millones más que al año anterior (esto en caso de que se cumpla la promesa de no devaluar en una proporción alta como en enero de 2014).
-Un aplauso por la mejora de calidad de la asignación de recursos. En el año que vence los gastos corrientes, salarios y bienes y servicios no personales, se llevaron casi el 70% (69,50) del total dejando el resto para lo que genéricamente se puede llamar inversiones o políticas activas en la economía real. Para 2015 se ha previsto el descenso porcentual de los gastos corrientes al 66.15% del total con lo que queda más dinero disponible para inversiones que, se entiende, se concentrarán en distintos tipos de obra pública. La diferencia entre los recursos corrientes y los gastos es favorable en 4 mil 183 millones a los que se agregan otros mil 649 millones por transferencias para dejar "limpios" casi 6 mil palos. Para poner esta cifra en contexto, estamos hablando de lo que habría costado montar un Veladero y medio, 700 millones de dólares. También debe tranquilizar a gremios estatales y empleados saber que lo asignado a salarios ocupa solo el 60% de los gastos corrientes con un total de 7 mil 600 millones y un porcentaje mucho menor si se compara con el presupuesto total. Traducido, esto significa una garantía absoluta de que cobrarán sus sueldos en término porque el margen de resguardo es muy amplio. Es sabido que si llega a haber algún problema circunstancial de caja, los que prestan el lomo son los proveedores pero aquí parece que no habría problemas para unos ni para otros.
-Otro aplauso para quienes, en su momento y en medio de críticas furiosas, impulsaron el traspaso a la Nación de la Caja de Jubilaciones, sistema deficitario crónico y fuente inagotable de corrupción institucional. La provincia aportará el año que viene por este rubro 43 millones 898 mil pesos, suma irrisoria si se la compara con lo que reciben los distintos jubilados por las prestaciones mensuales. Más aún con la vigencia del reciente régimen de moratoria que permite la jubilación de gente que nunca aportó. Si en los ‘90 aquella Caja estaba quebrada, hay que imaginar lo que sería ahora de permanecer en nuestra jurisdicción.
-Es razonable la queja de algunos intendentes por la forma de reparto de los 1.358 millones que les tocan. Un caso llamativo es el de Ullún y Zonda. Radicados a ambas márgenes del Río San Juan en la zona del dique, tienen casi la misma población y características geográficas similares, como que son tan vecinos que casi no se justifica la existencia de dos administraciones independientes. Calingasta, por ejemplo, tiene localidades mucho más alejadas entre sí y cuenta con una sola intendencia. No obstante esta semejanza en todos los rubros, infraestructura, pobreza, etc., Zonda tiene el doble de presupuesto, casi 40 millones contra los lánguidos 23 de Ullún.
