Además, si los que revenden son los propios organizadores, serán multados con hasta 10 mil pesos y se eleva a 30 días de arresto. El proyecto fue aprobado por 52 votos positivos y solo uno se abstuvo: Alejandro Bodart.
"Quien revenda, por cualquier medio, una o más entradas para un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, será sancionado con multa de $2.000 a $30.000 y de 2 a 20 días de arresto.
Si estas conductas fueran cometidas por cualquier persona responsable de la organización, será sancionado con multa de $10.000 a $50.000 y 3 a 30 días de arresto", establece el proyecto, apoyado por la AFA y amplia cantidad de dirigentes futbolísticos.
Desde diversos sectores -Frente Para la Victoria, Confianza Pública, Bien Común, UNEN y Frente de Izquierda- apoyaron la medida pero aclararon que la misma "no alcanza": el diputado del FIT, Marcelo Ramal, fue más allá y aseguró que los promotores de la norma, a la que apoyó pese a considerarla estéril, son los "responsables de la violencia en el fútbol".
EL FPV apoyó sin mayores diferencias, aunque el legislador Gabriel Fuks pidió que la dirigencia rompa con las estructuras delictivas, en alusión a las barrabravas y sus negocios.
También Graciela Ocaña mentó la complicidad de la dirigencia con las barras. Ramal no fue el único que, más allá de las responsabilidades de los clubes, apuntó a la dirigencia política como socia de las barras. Bodart expresó la misma idea y dijo que el Estado es socio de la reventa, pero se abstuvo a la hora de votar.
Por su parte, el diputado Cristian Ritondo, también dirigente de Independiente, dijo que es una iniciativa que da "herramientas a la Policía" y que era un pedido de los propios clubes.
Fuente: Infobae
