La Asociación Argentina de Árbitros, involucrada en millonaria evasión fiscal
La AFIP allanó la sede de árbitros con el fin de encontrar información sobre una posible maniobra de evasión fiscal, llevada a cabo por la entidad de los réferis junto con Grupo Midas, empresa que explota bingos y salas de juego.
A partir de una investigación de la AFIP, la Justicia ordenó realizar 12 allanamientos, entre los cuales se encuentra la sede de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), con el objetivo de recabar información vinculada a una posible maniobra de evasión fiscal, llevada a cabo por la entidad de los réferis junto con Grupo Midas, empresa que explota bingos y salas de juego.
La causa se originó por la denuncia efectuada por Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la R.A. (A.L.E.A.R.A.), sobre la existencia de una serie de maniobras por parte del Grupo Midas, el cual patrocina a la Asociación Argentina de Árbitros, en sus camisetas.
Según la denuncia, por dicho patrocinio la Asociación Argentina de Árbitros sobrefactura a las salas de juego el servicio de publicidad generando un retorno “en negro” al grupo de parte de este dinero.
El fraude involucra también al Bingo Ciudadela S.A. y Bingo Oro S.A junto a Deheza Seguridad SRL y Seguridad Templarios SRL, dos empresas que prestan servicios seguridad en esas salas de juego. Por esos servicios se investiga la sobrefacturación al grupo Midas.
A lo denunciado por ALEARA ante la justicia se le suma una investigación realizada por la AFIP al Grupo Midas por utilización de facturas apócrifas.
En total, el Bingo Oro habría evadido $ 2.500.000, mientras que el Bingo Ciudadela SA, $ 6.500.000.
La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Tres de Febrero, Sec. N° 2, a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta y en el marco de la misma se realizará la determinación de los impuestos adeudados al Fisco.
Las facturas apócrifas se utilizan para simular la compra de un bien o la adquisición de un servicio entre las partes. Quien compra la factura ilegal, lo hace a cambio de una “comisión” que entrega al vendedor.
