La reciente presentación de un proyecto de ley para regular a los proveedores mineros priorizando lo local por parte del bloque bloquista en la Cámara de Diputados generó ruido político en San Juan. Se trata de un tema sensible para la gestión de Marcelo Orrego, que ya viene trabajando de manera reservada en una iniciativa similar a través de sus ministerios de Minería y Producción y el hecho de que el bloquismo, socio estratégico del oficialismo, haya decidido adelantarse y presentar su propia idea sin esperar al Ejecutivo, se vio en los pasillos legislativos como una maniobra para "primerear" al gobierno y ganar protagonismo en un área clave.
La sorpresiva jugada autónoma despertó sospechas de roces dentro de la alianza entre el centenario partido de la estrella y el orreguismo, especialmente cuando también se acaba de conocer que hay una puja por un cargo estratégico en la Justicia sanjuanina de juez para la Cámara Civil. En ese caso, el tironeo por los candidatos de la terna -donde el bloquismo impulsa a Marianela López y el orreguismo prefiere a Esteban De la Torre- obligó a postergar la votación para evitar una fractura directa en el recinto, dejando la decisión en suspenso al menos hasta abril.
En el caso de la ley de proveedores, el trasfondo de este adelantamiento legislativo se explicaría en gran medida por lo que ocurre en Iglesia, bastión histórico del bloquismo y cuna de grandes proyectos como Josemaría y Filo del Sol. Según fuentes calificadas, el bloquismo, encarnado en tierra iglesiana especialmente por el diputado Gustavo Deguer, está bajo una fuerte presión por parte de los sectores locales que exigen medidas concretas para proteger el trabajo y a las empresas del departamento, ante la llegada de mano de obra y servicios de afuera para aprovechar el desarrollo minero, incluso de países vecinos como Chile. Para Deguer, esta ley es una herramienta de supervivencia política y posicionamiento, ya que se encamina como el candidato natural a la intendencia en 2027 frente a la imposibilidad de reelección del actual jefe comunal, Jorge Espejo.
Fuentes calificadas dijeron que desde la bancada bloquista le comentaron con tiempo al vicegobernador Fabian Martín que se proponían legislar sobre el tema cupo de proveedores mineros locales, más teniendo en cuenta que se aprobó el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones). Hasta le habrían remarcado al orreguista que tenían cierto apuro por la situación de Iglesia en donde hay malestar y reclamos y que como departamento minero les parecía "oportuno" hacer la presentación antes del inicio del ciclo de sesiones ordinarias. Las fuentes destacaron que en cada uno de los proyectos que el oficialismo fue presentando, el PB presentó otras propuestas también, como la ley de reforma electoral, entre otras.
En Casa de Gobierno tomaron nota de la actitud bloquista porque habría habido un mensaje desde Minería hacia uno de los legisladores aclarando que el oficialismo le da los últimos retoques a un proyecto de ley con similar espíritu. Para algunos, el mensaje funcionó como un tirón de oreja. En este marco, desde el bloquismo que preside el diputado Luis Rueda se apuraron a aclarar que no hay relaciones políticas rotas y que estarán atentos a ver qué presenta el orreguismo en la Legislatura, con la idea de trabajar una normativa en conjunto.
Metas para el empleo y los servicios locales
El proyecto impulsado por Rueda y Deguer establece metas para que la riqueza minera tenga un impacto directo en la provincia. La iniciativa propone crear un registro de proveedores y plantea que las empresas mineras cumplan con metas de referencia consistentes en un 80 por ciento de mano de obra sanjuanina y un 70 por ciento de proveedores locales que presten servicios o realicen obras. Estos porcentajes no son obligatorios de manera rígida, sino que se plantean como metas a ser fiscalizadas por el Ministerio de Minería según la disponibilidad real de la oferta en cada etapa del proyecto.
La propuesta busca responder a reclamos concretos sobre la falta de comunicación de las empresas cuando contratan servicios externos y establece un sistema de prioridades que beneficia primero a los departamentos donde está el yacimiento, luego a las zonas aledañas y finalmente al Gran San Juan. Además, incluye programas de capacitación para asegurar que los trabajadores locales cuenten con la calificación necesaria para las exigencias de la industria moderna.
