Ya era hora, era necesario contar con una ley propia de Ejecución Penal, adaptada a la realidad de los sanjuaninos. Así lo entendió el estado provincial que este martes conformó la comisión que trabajará en el proyecto de ley que deberá ser presentado antes del 30 de marzo del próximo año en la Cámara de Diputados.
Es que hasta el momento, la Ley de Ejecución Penal que rige en San Juan es una legislación nacional y por tanto se imponía la necesidad de contar con un instrumento que se amolde al sistema penitenciario local, como así también al sistema de seguridad. Es por ello que se formalizó una comisión plural, con representantes de diferentes sectores y poderes que aportarán una mirada especializada, con el fin de dar vida al primer borrador.
En ese sentido, fuentes allegadas señalaron que el cambio crucial que propone es contar con una ley propia basada en al menos 6 puntos claves. Ellos son el control de las penas, las medidas transitorias, las cuestiones edilicias, la población carcelaria, el criterio de elección de celdas y la reinserción.
Si bien admitieron que es temprano para definir con exactitud cuáles serán los cambios, ya que ello será tarea de la misma comisión, anticiparon que los puntos mencionados serán la columna vertebral de la cuestión.
Asimismo, las fuentes consultadas hicieron hincapié en la sobrepoblación que existe actualmente en el Servicio Penitenciario y la demanda de espacio y organización que supone el Sistema de Flagrancia, una vez que los condenados reciben su sentencia.
Una de las representantes del Poder Legislativo, la diputada Fernanda Paredes, explicó que en líneas generales lo que se buscará con la nueva ley será crear una herramienta real de transformación.
"Que nos sirva a todos, a los jueces, a los penitenciarios y sobre todo a los condenados que durante el cumplimiento de su castigo, que es la privación de libertad, nada más, entienda la ley; la respete y luego tenga recursos para reinsertarse", sostuvo la legisladora que conforma la comisión junto a su colega Celina Ramella.
La comisión está coordinada por los ministros de la Corte de Justicia Guillermo De Santis y Marcelo Lima y, también en representación del Poder Judicial, la compondrán los dos jueces de Ejecución Penal de la provincia, Lidia Reverendo y Federico Zapata. Los otros miembros de la pata judicial son los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública (Mónica Sefair).
Por el lado del Poder Ejecutivo, quienes componen el cuadro son el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga; un funcionario del Ministerio de Gobierno y el director del Servicio Penitenciario, Adriel Fernández.
"Repensar el servicio penitenciario es prestarle atención. El trabajo de la Corte de Justicia, que acompaña con este cambio de paradigma, está vinculado no sólo al cumplimiento de las condenas y su ejecución, sino también a procurar otorgar las competencias y capacidades necesarias a quienes cumplen condena para que puedan logar su correspondiente reinserción", indicó Munisaga en el acto de formalización de la comisión.
Por su parte, el director del Penal le manifestó a Tiempo de San Juan que la Ley de Ejecución Penal es la herramienta con la que trabajan todos los días y con una readaptación se mejorarían los índices de reincidencia. "Hoy usamos una norma federal porque San Juan en 1998 adhirió a ella, pero los que la utilizamos todos los días sabemos que no nos ayuda para trabajar en la reinserción de las personas privadas de la libertad", sentenció.
En ese sentido, Fernández, que advirtió que el 40% de las personas que están alojadas en el Penal delinquieron al menos dos veces, detalló: "Con una nueva ley que se adapte a nuestro sistema judicial y al perfil de nuestros internos, vamos a mejorar el desempeño durante el transcurso de la condena y disminuir las posibilidades de reincidencia al recuperar la libertad".