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El Centro Cívico.
El Centro Cívico de San Juan, epicentro de la administración pública provincial.
Este miércoles se conoció que la Justicia rechazó el amparo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) por la reincorporación de los empleados públicos cesanteados. De esta forma, se ratificó la decisión del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, de dar de baja a cerca de 2.000 nombramientos que la ex máxima autoridad provincial, Sergio Uñac, realizó durante el último tramo de su gestión.
El juez Héctor Rollán, quien está a cargo en turno en la Feria Judicial, fue la autoridad responsable en resolver rechazar el amparo del gremio. El magistrado dictaminó "tener a los amparistas por desistida de la presente acción". Sobre ello, se verificó el vencimiento del plazo de tres días para notificar dicha acción, prevista en el artículo 540 del Código Procesal Civil.
Rollán también solicitó el archivo del expediente, "no dar trámite y/o expedirse respecto a las demás cuestiones planteadas, por haber devenido las mismas en abstracto, atento el modo en que se resuelve el planteo principal". Además, el juez resolvió imponer las costas a los amparistas vencidos.
De este modo, la Justicia dictó sentencia en causas de amparo presentadas por personas que se creían afectadas por el Decreto 62/23, que hacía cesar los efectos del ingreso a planta permanente de una determinada cantidad de personas.
Al día siguiente de asumir, Orrego decidió dar de baja a los nombramientos que Sergio Uñac había realizado en el último tramo de su gestión. Esta medida provocó que unos 2.000 trabajadores del estado quedaran sin empleo.
Alertado de la situación, el SEP, en la figura del secretario general José Díaz, acudió a la Justicia para dejar sin efecto la decisión tomada por la nueva administración gubernamental. Acto seguido, fueron varios los particulares que se sumaron a este pedido judicial y en las últimas horas la Justicia les ha dado transitoriamente la razón.
El segundo punto de la cautelar dictada por el juez del Octavo Juzgado Civil, Walter Otiñano, expresó: “Decretar como medida cautelar innovativa la suspensión de los efectos jurídicos de los actos administrativos atacados Dctos. 62/23 y 2701/23 en relación a los actores, disponiendo su restitución inmediata al cargo en el que fueron asignados, con la retribución que corresponde al mismo mientras se sustancia el presente proceso y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en la presente causa”.
Asimismo, el documento sostuvo que aquellas personas que también se vieron afectadas por la baja de nombramientos y que no hay de momento tomado alguna medida judicial, tiene cinco días para sumarse el citado proceso.
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