Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia, desistió de mantener la medida cautelar que impedía la reproducción de audios grabados en Casa Rosada. Esta decisión se tomó luego de que la medida generara un fuerte rechazo por parte de distintas entidades de periodistas y abogados, quienes la consideraron un acto de censura previa. Varios periodistas, como Jorge Fontevecchia, habían apelado esta medida. La acusación masiva de ejercer censura previa fue un factor clave en su decisión.
En su presentación ante el juez Alejandro Marianello, quien previamente había otorgado la cautelar, Karina Milei afirmó que el contenido registrado en los audios no afecta la seguridad nacional. Además, aseguró que tampoco afectan la intimidad de su familia. En el escrito, ella remarcó que la medida cautelar no fue solicitada como censura previa, ni con el fundamento de que pudiese existir algo incriminatorio, como algunos "operadores" pretendieron hacer creer.
Milei sostuvo que los audios fueron obtenidos de forma ilegal, manipulados y editados con el fin de desinformar y provocar daño político, creando una "operación en contra de mi persona y de mi familia". Afirmó que "la libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública" y que "jamás la libertad de prensa puede alentar, promocionar y difundir la comisión de delitos como base para la obtención de información".
Cabe destacar que ya se ha abierto una causa penal al respecto, tanto por la difusión de los audios como por la supuesta "operación de inteligencia no institucional" que buscaba grabar conversaciones privadas de funcionarios. El Gobierno denunció esta situación como una "maniobra golpista" y un "ataque ilegal, planificado y dirigido", expresando preocupación por la posibilidad de que existieran grabaciones de otros ministros. La medida cautelar inicial, aunque provisoria y excepcional, levantó fuertes reacciones en el ámbito político, judicial y periodístico.
