Son sus estiletes: causas de alto impacto, allanamientos, detenciones, nombres oportunamente solapados (o sugeridos, su reverso), la nueva modalidad de acusatorio, flagrancia y, obviamente, el corazón del sistema: nombramientos de fiscales de a decenas, empleados y libre disposición de favores cruzados.
La edad de Jimmy, largamente merecedora de los beneficios del retiro jubilatorio, viene con los años descerrajando huecas interpretaciones sobre su sucesión en la estratégica y determinante Fiscalía General. Agua. Claro que sucede en un poder, el judicial sanjuanino, que se permite la particularidad ya de designar jueces en edad de ser jubilados. Increíble, real. Ocurrió hace poco.
Esos dibujos de arena fueron acelerados por una convalecencia médica de la que afortunadamente Jimmy viene saliendo, pero que puso al Ministerio Público ante la obligada situación de navegar sin brújula durante un tiempo generoso. El líder hospitalizado y la sombra su ejercicio de autoridad implacable sobrevolando en cada decisión de sus subalternos a cargo.
Ahora que parece la situación volver a encarrilarse en la normalidad, con o sin Jimmy o quien decida la parrilla habitual de la política vernácula, amanece un momento oportuno para activar el debate sobre el futuro de una institución valiosísima: la que representa el interés del público en los procesos judiciales.
El Ministerio Público apareció como institución con la sanción de la nueva Constitución Provincial de 1986, a la vuelta del regreso de la democracia y cuando el ambiente festivo celebraba derechos a pura boina blanca. El alfonsinazo, el juicio a las Juntas, el Nunca Más, inspiraban a las nuevas generaciones a soñar con nuevos y desconocidos derechos.
Se acuñó entonces en San Juan una constitución de las más progresistas de la región, con aspectos imitados 9 años después por la Constitución Nacional reformada tras el Pacto de Olivos Menem-Alfonsín. Entre esas figuras tomadas prestadas, justamente el Ministerio Público.
Lo que ocurre ahora, a 40 años de aquel hito, es que aquellas romantizaciones empiezan a perder gas a manos de un ejercicio más racional. Preguntarse: de todo aquello, qué fue lo que efectivamente funcionó, qué fue lo que desinfló por tratarse de un eventual arrebato juvenil. O que fue sencillamente lo que el factor tiempo fue cambiando hasta volverlo inútil, o merecedor de una nueva vuelta de rosca.
Salen rápido las instituciones provinciales que requieren pasar por este service de los 100 mil kilómetros. Rankea primero el mecanismo de selección de jueces, que la norma dispone que ocurra en un organismo llamado Consejo de la Magistratura y que por su composición terminó siendo un administrador de afinidades, un estadio para el intercambio de favores, una célula de casta pura y dura que lo único que hizo fue deteriorar la calidad de los magistrados al poner en cuestión su propio nacimiento. Clama reformas, que el gobierno provincial ya anunció vía ley. Habrá que ver si lo dejan.
Ocurre lo mismo con el Jury de Enjuiciamiento, terreno de cruce de espadas políticas en su conformación –como el Consejo- que rara vez toman una decisión que no esté entreverada con el interés sectorial de avanzar casillero en un presunto tablero del poder provincial. Con el mecanismo de presentación de pruebas que identifica a la justicia en su rol estelar de princesa atrapada en el castillo.
También con el dispositivo de juicio político, demasiado a mano de desestabilizadores de ocasión ya que sólo requiere de una mayoría simple en dos salas –de conformación política- para la destitución de un gobierno. Resultados a la vista: en 10 años, fueron dos los gobernadores que marcharon a las duchas con roja directa de la Legislatura provincial, Jorge Escobar y Alfredo Avelín. Institucionalidad al palo. Récord mundial.
Otros, que incluso participaron de la redacción de la constituyente, incluyen en este necesario cambio de aceite al Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Fiesta nacional del pase de facturas, uno; reducto político que descerrajó el cisma Uñac-Ibarra, el otro. Pero con nada aparece tan radiante ese debate como con el Ministerio Público.
Primero, porque nació cruzado. Era un organismo extra poder –es decir, de ninguno- y terminó entregándose dócilmente a los brazos del Judicial. Segundo, porque era originalmente uno, hoy representa otro bien distinto: a la potestad original de representar al pueblo en los juicios –vía fiscales- recibió el fabuloso encargo de manejar las investigaciones judiciales (proceso acusatorio) y por si fuera poco, el flamante fuero de flagrancia dedicado a delitos menores que son los que toman la temperatura de la calle.
Y Robin se transformó en Batman. Salpimentado con el condimento de mayor aroma en esta pócima: el carácter eterno de su investidura, es decir para siempre, como sus señorías los jueces. Excepto que los inexpertos detectives de alguna integración de un Jury lo encuentren con las manos en la masa, con foto y video acreditado ante escribano público. O que se le tropiecen las piernas entre los laberintos de la política. Cosa que con Jimmy no opera, muy por el contrario.
Ocurrirá ahora que en algún momento cercano Jimmy retome el cargo, que no abandonó del todo ni en los peores momentos. Y que de a poco se comience a conversar del tema tabú, la sucesión. Que pasará, le guste a quien le guste, más temprano o más tarde. Pero que hasta ahora no se pronunciaba ni en los cafés menos factibles de disponer mesas microfoneadas, hoy es una generalidad en cada instancia social con interesado judicial de por medio: Yyyyy? quien queda?
Se desplegarán todas las teorías posibles: la de un enroque, la de los amigos que mandaron el traje a la tintorería, la de los que saben lunga, la de los conspiranoicos, la de los que promueven un largo interinato al estilo nacional. Y hasta apuestas, cuyas cotizaciones inscriben en la pizarra cifras proporcionales al interés del interlocutor.
Más razonable parece aprovechar el paréntesis para debatir sobre el formato de una institución que ha cobrado relevancia, en especial en San Juan donde ya opera como virtual poder supra. Supra, lo que sea. Justo en el mismo momento en que los mexicanos fueron a las urnas el último fin de semana para elegir a……..jueces. Sí, a jueces. Como se eligen diputados, intendente, presidente.
La reforma judicial le granjeó al ex presidente AMLO la enemistad del sistema, se verá si le pasa la factura. La otra cara fue una rara sensación ciudadana de decidir sobre algo realmente importante, que ahora cosecha su sucesora Claudia Sheinbaum.
Pero no hay que irse tan lejos como la tierra de los machotes o el propio EEUU donde se eligen los fiscales de distrito –alguaciles, en la jerga del castellano neutro de las series- para tener elementos útiles. Sino cruzar las altas cumbres y encontrar que en Córdoba el Fiscal General no es eterno sino dura sólo 5 años, con posibilidad de ser reelecto otros cinco. Total 10, y a la casa.
Los elige el Poder Ejecutivo, con la delicadeza de que al que elige uno dura hasta el siguiente gobernador, que duran sólo 4 años. Es decir que si es propuesto a la reelección, será otro mandatario el que lo haga.
Además, en Córdoba el Fiscal General es un factor político, en el buen sentido de la palabra. Porque su acción está relacionada con la política criminal llevada adelante por el gobierno. Funciona como una pieza sensible en ese tablero, y responde a los mismos influjos. Eso quiere decir que si algo no funciona en materia de seguridad, el cambio de pieza en la Fiscalía es una herramienta de uso. Como ocurrió con el caso del femicidio (aún irresuelto) de Nora Dalmasso, cuyos tropiezos costó el cargo al Fiscal General. El Jimmy cordobés.
Ni seguir así como está, ni cambiar, será sencillo en este tema por demás espinoso. Conviene tener clara otra referencia para comprender esta dificultad: el cargo del Ministerio Público a nivel nacional está vacante desde que hace 8 años se fue Alejandra Gils Carbó luego de denunciar aprietes. Ni Macri entonces, ni Alberto después ni Milei ahora pudieron designar a su sucesor.