El Country Director del proyecto Proyecto Vicuña y flamante presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Morea, se refirió a la decisión judicial de La Rioja que impide el tránsito minero en un tramo clave de la Ruta Provincial N° 506, entre Guandacol y La Majadita, y puso el foco en las consecuencias que este tipo de medidas puede generar en el clima de inversiones. Dicha medida judicial, dictada por la jueza María Greta Decker, impacta directamente en la operatoria del proyecto Vicuña, al restringir una de las vías de acceso utilizadas por trabajadores y contratistas.
“San Juan está ubicada en el puesto 18 dentro de las mejores jurisdicciones mundiales para hacer minería, y no por casualidad. Comportamientos de otras provincias alineadas con lo que está pasando en la provincia vecina, probablemente generen más ruido y menos vocación por acelerar inversiones en minería cuando el ruido político o judicial se eleva.”, advirtió Morea en el programa De Sobremesa, que se emite por Telesol.
Morea aclaró que la empresa no fue notificada oficialmente del fallo. “Nos enteramos por los medios como el resto”, aseguró, aunque confirmó la presencia de efectivos policiales de La Rioja que están interrumpiendo el paso de vehículos, incluso de otras compañías mineras.
En ese contexto, explicó que actualmente Vicuña opera utilizando el corredor norte, una vía alternativa que transcurre exclusivamente por territorio sanjuanino.
Sobre el planteo ambiental que fundamenta la medida —la falta de presentación del Estudio de Impacto Ambiental en La Rioja, impulsado por el secretario de Ambiente Santiago Azulay—, Morea sostuvo que se trata de “discusiones legales” que deberán darse cuando exista un proceso formal.
"Hoy, y como siempre, nosotros estamos convencidos de estar 100% alineados con la regulación vigente y con lo que establece la Constitución y todos los niveles regulatorios respecto a la ubicación del proyecto, los impactos que tiene y la estrategia de litigación y permisos obtenidos para su normal funcionamiento", explicó.
En paralelo, detalló que la empresa cuenta con una declaración de impacto ambiental otorgada en 2023 para el mantenimiento del camino, y que la última actualización fue presentada en abril del año pasado, aunque aún no ha sido aprobada. “Hoy estamos imposibilitados de hacer mantenimiento en ese camino”, explicó.
El directivo también advirtió sobre el impacto económico de la situación. Señaló que la empresa mantiene contratos con proveedores riojanos y que incluso había lanzado una licitación para construir una circunvalación en Guandacol, una obra que implicaría inversiones millonarias y la generación de unos 60 puestos de trabajo. Sin embargo, aclaró que esos proyectos dependen de la aprobación ambiental pendiente. “Si no hay aprobación, difícilmente se creen esos puestos de trabajo”, sostuvo.
Pese al conflicto, Morea destacó la relación con comunidades, trabajadores y proveedores riojanos, aunque remarcó que este tipo de decisiones generan incertidumbre.
