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SUSCRIBITEEl presidente de la AFA se expresó en redes sociales luego de que un fiscal solicitara su detención en una causa por presunto lavado de dinero.
Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
En medio del fuerte impacto que generó el pedido de detención en su contra, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, rompió el silencio a través de sus redes sociales con un breve pero contundente mensaje.
“Gracias, Tomás Regalado, por hablar con la verdad y cuidar los intereses de la AFA”, publicó el dirigente, en alusión a un informe que difundió la entidad madre del fútbol argentino en defensa de su accionar frente a una demanda internacional.
A través de un comunicado, la AFA fijó su posición respecto a la demanda presentada por la firma VID Music Group y su titular, Javier Fernández. En ese sentido, aseguraron que la institución “cumplió plenamente con todas sus obligaciones” contractuales, incluyendo la disponibilidad de la Selección Argentina para partidos disputados en octubre de 2025.
Además, indicaron que cuentan con documentación respaldatoria -contratos, registros de pagos y comunicaciones- que “revelan la historia completa” y que será presentada en el ámbito correspondiente. En el mismo texto, la entidad anticipó que avanzará judicialmente para reclamar el cobro de millones de dólares que, según sostienen, le adeudan quienes iniciaron la demanda.
El mensaje de Tapia se da en un contexto delicado. Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó su detención e indagatoria, al igual que la del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
De acuerdo a fuentes vinculadas al expediente, la investigación se inició en diciembre pasado e involucra a más de 24 personas del entorno de los dirigentes. Entre ellas figuran particulares relacionados a una quinta ubicada en la provincia de Buenos Aires, que está bajo la lupa judicial.
Asimismo, la causa también alcanza a una empresa contratada por la AFA para la recaudación de fondos en el exterior, la cual -según la hipótesis de la fiscalía- habría desviado dinero hacia sociedades radicadas en Estados Unidos sin actividad comercial ni empleados registrados.