La investigación judicial sobre el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de carnaval ha dado un giro significativo con la incorporación de las facturas de los vuelos privados. Los documentos, entregados por la empresa Alpha Centauri S.A. al juez federal Ariel Lijo, revelan que los traslados no habrían sido costeados por el funcionario, contradiciendo sus declaraciones públicas iniciales.
¿Quién pagó los vuelos?
Según la documentación que consta en el expediente, el financiamiento del viaje se dividió de la siguiente manera:
- Vuelo de ida: Fue facturado a nombre de la productora Imhouse, propiedad del periodista de la TV Pública Marcelo Grandio. Grandio, quien es amigo de Adorni y viajó con él, pagó 4.830 dólares (equivalentes a casi 7 millones de pesos al momento de la transferencia) por este tramo.
- Vuelo de regreso: Este trayecto no se pagó de forma individual, sino que forma parte de un paquete de 10 vuelos facturados a un tercero: Agustín Issin Hansen, una persona con domicilio en Uruguay que no es figura pública. El costo total de ese paquete de vuelos ascendió a 42.250 dólares.
Esta información complica la situación del vocero presidencial, quien recientemente había asegurado en entrevistas periodísticas que el viaje había salido "de su bolsillo". Además, el periodista Grandio ofreció versiones contradictorias, afirmando primero que fue invitado por Adorni y luego que pagaron el gasto a medias, lo cual no coincide con la factura emitida a su productora.
Los posibles delitos bajo la lupa
La Justicia, con el impulso del fiscal Gerardo Pollicita, evalúa si estos hechos constituyen delitos graves contra la administración pública:
- Dádivas: Se investiga si el pago de estos vuelos por parte de terceros (una productora privada y un particular) representa un beneficio indebido recibido por Adorni en su carácter de funcionario público.
- Enriquecimiento ilícito: La denuncia, presentada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, señala que el costo del viaje "excedería ampliamente" la capacidad económica del jefe de Gabinete. Con un sueldo de aproximadamente 3,5 millones de pesos, el gasto total del traslado equivaldría a unos cuatro salarios mensuales del funcionario en apenas unos días.
Medidas de prueba en curso
El juez Lijo ha ordenado diversas medidas para "resguardar los elementos probatorios". Entre ellas, se destaca el análisis de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando para verificar el paso de los pasajeros por Migraciones y Aduana, así como la trazabilidad del dinero utilizado por la empresa de aviación.
Asimismo, la fiscalía ha solicitado las desgrabaciones de las entrevistas de Adorni y Grandio para contrastar sus dichos con la evidencia material. La investigación también podría unificarse con otra causa por enriquecimiento ilícito promovida por la diputada Marcela Pagano, que incluye dudas sobre una propiedad no declarada a nombre de la esposa del funcionario.