Ante el creciente número de amenazas de bomba en San Juan, con dos más registradas en las últimas horas, las autoridades provinciales estudian varias líneas de acción. Incluso se hablaba de verificar la veracidad del llamado antes de actuar, pero el secretario de Seguridad Provincial, Enrique Delgado, dijo que esto último es inaplicable y que inevitablemente deben activar los protocolos de forma inmediata ante cualquier denuncia, sin evaluar previamente si el llamado es verdadero o no, debido a las graves consecuencias que podría acarrear la omisión del operativo. A la par, el funcionario anunció una campaña de concientización en escuelas primarias y secundarias para educar sobre la seriedad de estas alarmas.
El operativo cuando hay una amenaza de bomba implica desplegar policías y bomberos, entre otros elementos, lo que acarrea un costo millonario para el Estado además de la interrupción de actividades en el lugar amenazado que vienen siendo escuelas, el Centro Cívico, el recital de Lali y el Hospital Rawson.
Delgado, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, explicó que el modus operandi es compartido con Nación: "La decisión se toma, hay una denuncia, se actúa, o sea, porque no podemos evaluar si puede ser o no puede ser". Subrayó que si "la persona que tome el llamado y a su criterio determina que es una falsa denuncia y no se activa el protocolo y llega a suceder algo, las consecuencias van a ser mayores". Por lo tanto, "denuncia y se actúa", o sea, que no se puede dejar de hacer ese desplazamiento de personas y el costo millonario no se puede evitar de ninguna manera".
Este costo, que el funcionario define como una "inversión en prevención", hoy se cuantifica y se pone a disposición de la Justicia para recuperarlo. La Fiscalía de Estado, que encabeza Sebastián Dávila, en colaboración con el Ministerio Público Fiscal, es la encargada de articular la recuperación del costo operativo y de establecer el monto definitivo a pagar por la persona que cometió el delito.
Algunos de los casos recientes, que se han dado en catarata en San Juan, involucran a menores, por lo que la Fiscalía de Estado está estudiando acciones civiles para ir contra los progenitores, remarcó Delgado. "No tenemos que quedarnos que son menores. El Código Civil nos abre la puerta para ir con el responsable," afirmó el secretario de Seguridad, quien agregó que se debe ir contra el papá, la mamá, el tutor o el responsable legalmente determinado.
Respecto a la situación de quienes no pueden afrontar el pago, el Secretario señaló que "queda la sanción, queda la deuda pendiente". Y sostuvo que esta deuda se mantiene y será exigible cuando la persona mejore su situación económica, de forma similar a una deuda civil. Además, la persona queda con un antecedente que podría afectar futuros trámites o el acceso a la administración pública.
La cuantificación del costo operativo ha evolucionado. Inicialmente se consideraban los daños directos, como el costo de movilidad, combustible, infraestructura y personal. Ahora, se han sumado los "daños indirectos", que incluyen "la sensación de la comunidad, de la sociedad, sentirse indefenso ante un llamado o una amenaza bomba", recalcó. También se contempla el impacto de desviar personal de seguridad de otras áreas, generando vulnerabilidad en esos sectores. Si un menor sufre daño psicológico a causa de una amenaza, "la legislación civil, los principios generales del derecho, si hay un daño, hay que repararlo," sostuvo el funcionario.
Un dato novdoso para prevenir este tipo de hechos es usar la pedagogía. Delgado dijo que saldrán a concientizar a los alumnos por todo San Juan. En este marco, para abordar el problema desde la raíz, la Secretaría de Seguridad, la Jefatura de Policía, la Subjefatura y el D8, en conjunto con el Ministerio de Educación y la UFI, están implementando un "plan de concientización y sensibilización tanto en primaria como secundaria de los colegios". Este plan ya ha sido presentado al Ministerio de Educación, que determinará su instrumentación en todas las escuelas de San Juan. Se espera que la campaña sea "mixta entre funcionarios de educación y funcionarios policiales".
