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SUSCRIBITE Un doloroso e inapelable episodio de violencia a la libertad de expresión ocurrió en San Juan el primer día del año 2022, simultáneamente con otro hecho más doloroso aún: el femicidio de Yoselí a manos de un sujeto de su propio entorno en Sarmiento.
Ese mismo día, el fotógrafo de Tiempo de San Juan intentó obtener imágenes lejanas y prudentes del episodio que tiñó de dolor a San Juan, lo hizo sin poder atravesar la línea policial como otros medios locales, izó un dron y extrajo imágenes contextuales. Más imprecisas y lejanas aún que las de los reporteros gráficos que operaron a metros de los trabajos de la justicia y de la policía.
Cuando sucedió lo impensado. El fiscal a cargo, Ivan Grassi, intimó telefónicamente y de mala manera a una periodista para que bajara el dron a riesgo de ser “metidos presos”. Y no contentos con eso, una patrulla policial de varios patrulleros llegó hasta la posición del fotógrafo indicando que lo hacía por orden del fiscal Grassi, le indicó verbalmente que lo metería preso, lo retuvieron ilegalmente sin ningún cargo formal y lo obligaron a borrar imágenes tomadas por el dron en su celular.
Si se los indicó o no el fiscal interviniente podrá ser discutido y motivo de investigación, lo que resulta inapelable es que las fotos efectivamente fueron borradas en medio de la intimidación y la detención ilegal ocurrió. Lo que por sí mismo representa un ataque a la libertad de expresión, teniendo en cuenta que las fotos no habían sido tomadas de manera ilegal, ni violando una disposición judicial, ni siquiera violentando el buen gusto del lector. Y que el fotógrafo fue retenido con escolta policial, consecuentemente impedido de realizar su trabajo mientras se producían los hechos.
Lo que ocurrió ahora es peor aún. En el marco de una investigación objetada por Tiempo de San Juan por tratarse de un montaje entre pares, colegas y compañeros, pero cuya recusación fue rechazada por la Corte de Justicia, ahora se citó al fotógrafo y se lo sometió a preguntas que lo ponen al borde de la sospecha. De víctima a presunto sospechoso.
Al menos, intimidado y lleno de miedo por lo que le pueda ocurrir. Porque las preguntas de la fiscal interviniente se dirigieron a exigirle el nombre de su acompañante, que era su pareja y cuya identidad ni él ni Tiempo de San Juan revelaron por temor a represalias. De cualquier tipo, desde personal y hasta laboral. La fiscal le advirtió al fotógrafo que, de no proporcionar el nombre de su acompañante, incurriría en el delito de entorpecimiento de una investigación. Lo dicho: de víctima a sospechoso. Con miedo, el temor por lo que le pueda suceder a quien confronta sólo contra la corporación judicial y de seguridad, que tiene el deber de protegerlo y no de intimidarlo. Para eso se le paga, bastante bien.
También la ayudante del fiscal se mostró interesada en preguntar sobre el dron. Sus características, a quién se atribuye su propiedad, quién lo maneja, si lo puso en funcionamiento por pedido de alguien. Insólito: como preguntarle a un periodista quién le ordenó a usar un grabador. El dron es una herramienta de trabajo de uso generalizado por todos los medios de comunicación del mundo. Si toman un registro de una zona pública, su uso no constituye delito e impedirlo es sinónimo de atacar la libertad de expresión.
La causa fue iniciada pocos días después del episodio, que se conoció por haber sido publicado por Tiempo de San Juan. El fiscal Renato Roca decidió el 3 de enero iniciar actuaciones investigativas para determinar si su colega Ivan Grassi había cometido algún delito en el episodio de violencia. Se inició el legajo MPF-SJ-00077-2022, que derivó a manos de la fiscal a cargo de CAVIG, Claudia Salica porque Roca es compañero de Grassi y argumentó pretender “garantizar la imparcialidad”.
Pero resulta que Salica es colega de Grassi, e integran juntos el equipo del Ministerio Público comandado por el fiscal general Eduardo Quattropani. Por eso, Tiempo de San Juan recusó a Salica y a todo el Ministerio Público, al considerar que integran el mismo equipo bajo la misma jefatura. Y ante la presunción de que la decisión de iniciar la investigación no había sido iniciativa de Roca, presentó formalmente la recusación acompañando la foto en la que Grassi –el sospechoso- y Salica –la investigadora- aparecen juntos en la primera conferencia de prensa posterior al salvaje crimen de Yoselí.
La intención de Tiempo de San Juan, además, fue no dejar a los periodistas involucrados desprotegidos y evitar que sean ellos lo que formularan el reclamo, sino que fuera el medio de comunicación el que lo hiciera. Incluso, evitó identificar a sus trabajadores en el mismo intento de evitar represalias en su contra.
Pero la Corte no avaló la recusación y con la firma de los cortistas Guillermo De Sanctis, Juan José Victoria y Olivares Yapur no dio trámite a la queja. Su posición fue menos de fondo que de forma: argumentó que no es Tiempo de San Juan el titular de la acción posible, sino que lo son los periodistas violentados. De ese modo, la actuación retornó a la fiscalía de Salica, que envió oficios a Tiempo de San Juan para que le sea remitido el domicilio y la identidad de los periodistas involucrados para ser interrogados.
La decisión de Tiempo de San Juan fue no enviar esa información, a riesgo formal de desacato, para no convalidar un procedimiento judicial al que considera parcial, sin garantías de una investigación independiente más allá del pronunciamiento de la Corte. Con un resultado cantado cuyo contenido podría apreciarse en la cadena de allegados: la justicia investigó y no encontró elementos para establecer responsabilidades. Y se acabó, dirá la resolución judicial, como ya podría leerse por adelantado.
Y en ese intento de protección de sus trabajadores a posibles represalias, no envió el material requerido. Pero la fiscalía averiguó el domicilio particular del fotógrafo, para lo que parece ser eficiente. Sin profundizar en los mecanismos que usó para identificarlo, conocer su identidad y enviar un patrullero a su casa. A quien se pretende seguir sin identificar desde este sitio para evitar represalias, además del hecho de que ya no trabaja en este medio.
En ese contexto se produjo la declaración de este jueves en la que la víctima se convirtió en sospechoso. La identidad de las víctimas desprovistas de protección y la justicia actuando como patrón de estancia en un caso flagrante de dificultades a la hora de la autodepuración. Si el caso continúa como hasta ahora, se impone el cuestionamiento: ¿puede autodepurarse la justicia?, ¿están en condiciones de actuar cuando cae bajo sospecha uno de los propios? La respuesta parece obvia, incluso no sólo ante este caso.
Se trata de la misma justicia que exhibe números de velocidad y eficiencia, aunque quedará pendiente un análisis cualitativo sobre qué es lo que queda de esos presuntos atributos si se deshoja la margarita de los casos de acuerdos y suspensión de juicio a prueba. Que implican en realidad la falta de una ventilación en juicio oral y público: en lugar de justicia, su ausencia.
Ante los futuros episodio que sigan en este caso –declaraciones, pericias, maniobras y respuestas-, ante el temor de los involucrados a sufrir represalias profesionales y personales, y ante la indiferencia de las entidades periodísticas con la violencia a un periodista –sólo Fopea, entidad que nuclea a los profesionales y no a los diarios se pronunció contra la “retención injustificada”- es que surge una lamentable certeza: la única manera de defenderse para un medio de comunicación en ejercicio de la libertad de expresión no es acudiendo a los Tribunales sino exponiendo los hechos ante la opinión pública.