Política

Caucete: la ley no sanciona recategorizaciones y el castigo recaería sobre Rosas

La legislación establece que nueve meses antes de dejar la gestión no se puede nombrar personal en planta ni recategorizar porque implica un gasto corriente que deberá afrontar el gobierno que asuma. La sanción: económica, pero para el período 2020, cuando estará al frente del municipio la nueva intendenta.
jueves, 5 de septiembre de 2019 · 07:58

Un nuevo escándalo afecta a Caucete. Luego de dar marcha atrás con un decreto que nombraba personal en planta permanente, el intendente Julián Gil -por decreto también- recategorizó personal, la gran mayoría allegados a su gestión. Esta recategorización implica un gasto corriente para la nueva gestión que arrancará el 11 de diciembre la intendenta electa Romina Rosas. La Ley de Responsabilidad Fiscal prohíbe cualquier nombramiento o recategorización realizada nueve meses antes de que concluya una gestión municipal. Pero a la hora de aplicar castigos, recién se hace efectivo en el 2020, por lo tanto recaería sobre Rosas. 

De acuerdo con la legislación, Gil tenía tiempo hasta el 31 de marzo para realizar nombramientos en planta permanente. A partir de esa fecha, cualquier tipo de medida que implique un gasto permanente para la próxima gestión está prohibido. Además los ascensos se deben llevar adelante por concurso y no a dedo. Serían dos incumplimientos los de Gil, quien a todo el cuadro le suma otra irregularidad: el nombramiento por decreto, sin pasar por la aprobación del Concejo Deliberante. 

El problema que se plantea es que el castigo que establece la ley recién se aplica al año siguiente del incumplimiento y es la exclusión del Fondo de Desarrollo Económico. Por ende, la que terminaría siendo perjudicada es Romina Rosas, quien el año próximo estará al frente del Ejecutivo municipal. 

El 10 de junio, tras perder las elecciones en su departamento, a través de un decreto Gil nombró en planta permanente a 21 funcionarios y 46 trabajadores más. Luego de una serie de manifestaciones, con el sindicato de por medio, el funcionario le dio de baja. Las protestas fueron desactivadas tras la decisión de Gil, que no apareció por el municipio cuando la noticia tomó estado público. 

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