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Lesa Humanidad

Obediencia debida y universidad de testigos, los conceptos de la defensa de los represores

La defensa tomó el concepto que desde que comenzaron los juicios esgrimen los imputados por delitos de lesa humanidad. Además pidió la absolución para sus clientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan


El alegato de Marcelo Fernández tuvo un párrafo muy especial para la familia Camus y la señaló como "la que armó las causas de delitos de lesa humanidad desde que se instaló la APDH". También dijo que "los conceptos de reconstrucción colectiva no son otra cosa que el armado de relatos que los testigos repitieron en este juicio y en el anterior". Además, dijo que sus clientes "son inocentes porque no hay pruebas que digan lo contrario".

Según Fernández, el relato se armó "con nombres que sacaron de las listas de oficiales y suboficiales del Ejército". Es que según el abogado los organismos como APDH sirvieron para que los testigos repasen una lista de nombres que surge del libro de Eloy Camus, y que algunos repitieron en sus declaraciones. Un concepto que sostienen las defensas de los represores desde que los juicios comenzaron en la década pasada. 

Por otro lado, Fernández  dijo que sus asistidos Daniel Cardozo, Juan Francisco del Torchio y Aballay actuaron bajo el cuadro normativo de la época, por lo que en ningún momento sus acciones fueron clandestinas. "Sus firmas figuran en documentos emanados por el Estado, son las actas de operativos que actuaron otros oficiales y que ellos después debieron firmar", dijo. En cualquier caso, admitió, "no son ellos los ideólogos del  plan de exterminio que hubo en los setenta, sino que ellos debían obedecer órdenes de la superioridad", otro concepto más que repetido por los militares desde el advenimiento de la democracia.  

Una vez que finalice su defensa el abogado Fernández Valdez será el turno de Sandra Leveque, quien podría comenzar la próxima audiencia. 

El miércoles será la audiencia preliminar del último juicio que ventilará casos de lesa humanidad en San Juan. De esta manera,  como dijo en su momento el fiscal Maldonado, se cierra el capítulo de investigación de los casos de abusos de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad durante la dictadura cívico militar. 

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