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SUSCRIBITE Alfredo Amín, diputado provincial por Calingasta, fue acusado por el fiscal federal Francisco Maldonado junto a otros 9 empresarios de presuntas maniobras de sobreprecios en ventas al escuadrón de Gendarmería. En conferencia de prensa, dijo que cobraban un 50% más del precio original de los productos que vendían porque cobraban muy tarde.
El presunto ilícito data de 2013, e involucra además a dos altos mandos de entonces de la fuerza. Amín forma parte de la compañía Don Pocholo, uno de esos proveedores, es además legislador provincial por el departamento e integra el bloque oficialista. Este mediodía se aguarda su palabra ante los medios, donde explicará su posición.
"Tengo una empresa familiar de la que soy co-gerente, esto surge de una facturación del año 2013. Hubo una investigación interna de Gendarmería, que acusó a dos personas por aparentemente enriquicimiento. Ahí se ha entendido que podría haber proveedores que podrían haber servido para ayudar, una de las empresas últimas que entró a facturar es la mía", explicó el diputado, quien aseguró que su renuncia está sobre la mesa.
"Tengo la más absoluta tranquilidad porque somos una empresa de familia. En octubre mis abogados se presentaron en el Juzgado, se corrió la indagatoria. En la última sesión del año este legislador presentó el desafuero. Siempre hemos querido declarar", agregó Amín.
Amín agregó: "Aumentabamos los precios porque tardabamos en cobrar. Funcionaba como un sistema de compra directa. Tardabamos entre 9 y 10 meses en cobrar. Se entregó todo lo que había que entregar y todo se ha hecho conforme al derecho".