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SUSCRIBITE El fiscal federal Carlos Rívolo imputó por supuesto cohecho a la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner , a su hijo Máximo , al detenido empresario Lázaro Báez y a Cristóbal López en la causa que investiga a la sociedad Los Sauces SA, perteneciente a la familia de la ex mandataria.
Así, el fiscal amplió la imputación contra la ex presidenta y su hijo, que ya estaban siendo investigados en esa causa por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos. E incluyó a Báez y López como parte de la maniobra de presuntos retornos, dado que ambos empresarios, contratistas de obra pública, alquilaron propiedades de Los Sauces SA.
Rívolo, que elevó la acusación al juez federal Claudio Bonadio, quien mantiene el secreto de sumario en el expediente en el marco de búsqueda de información.
La denuncia
La medida de la fiscalía se resolvió a partir de una ampliación de denuncia de Margarita Stolbizer , quien señaló que el retorno de dinero mediante esos alquileres que recibió Cristina Kirchner es un soborno por la obra pública con sobreprecios que le fue adjudicada a Lázaro Báez..
"Nos parece necesario que el juez investigue el delito de cohecho, más conocido como soborno. Está muy claro que hay devolución de favores. Ese retorno se hacía por sumas millonarias a través de la sociedad Los Sauces. El Código Penal establece como delito de cohecho la aceptación de dádivas a partir del beneficio que se le otorga a una persona, en este caso, a las empresas de Lázaro Báez", dijo la diputada tras presentar ese escrito.
La denuncia se basa en parte en una auditoría de Vialidad Nacional que estableció que las empresas de Báez obtuvieron el 73% de las licitaciones en obras de la provincia de Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina de Kirchner.
Se trata en total de 51 obras que representan 16.386 millones de pesos, de las que sólo se han finalizado 24 obras. Hasta diciembre de 2015, las empresas del Grupo Báez habían cobrado cerca de $9037 millones.
Las obras adjudicadas a Báez tienen como características: duplicación de los plazos originarios establecidos, aumentos groseros de los costos y falta de cumplimiento de las condiciones de contratación, dijo la diputada.