Por Gustavo Martínez Puga
Es una herramienta legal con la que se podría resolver el 30 % de los delitos que se cometen en la provincia. Pero no hay caso, parece que la Ley de Flagrancia está condenada a no funcionar en San Juan. Es que ahora, después de que dos altísimos funcionarios del Ejecutivo habían salido a reimpulsar esa medida, el presidente de la Corte le puso hielo: "Hay que hacer un estudio previo”, dijo José Abel Soria Vega, para marcar distancia al impulso.
La declaración es importante porque sin el apoyo de la Corte de Justicia es imposible que esa ley se ponga en práctica.
El cortista Soria Vega habló con Tiempo de San Juan de esa ley y, cuando se le consultó sobre su puesta en funcionamiento, dijo que el estudio al que se refería era "para ver qué le falta a los jueces, si pueden o no abastecer esa cantidad de causas nuevas que les van a ingresar”.
Respecto de la posibilidad de implementar esa ley con los recursos actuales, tal como algunos jueces dicen que se podría hacer, el cortista Soria Vega dijo que "la peor experiencia es la que fracasa”.
De todas maneras, la máxima autoridad judicial de la provincia dice que está a favor de esa iniciativa legal: "Qué más quiero que se pueda condenar inmediatamente a un delincuente”.
La Ley de Flagrancia permitiría resolver el 30 % de las causas judiciales que se generan en la provincia. Básicamente, es una ley que permite juzgar y condenar rápidamente a la persona que se atrapa cometiendo un delito o en los instantes posteriores. En lugar de ser sometido a todo el proceso para llegar el juicio, lo que tarda en promedio más de un año, en no más de un mes el detenido tendría una condena.
Además, eso permitiría descomprimir el Servicio Penitenciario Provincial, donde el 60 % de los internos son personas procesadas.
Esa ley, la cual ya funciona en casi todo el país, se aplica en delitos no graves, donde las penas de prisión son excarcelables.
En los últimos días, el nuevo ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, dijo públicamente que era una herramienta que iba a impulsar para darle celeridad a las causas judiciales y terminar con el circuito de personas que delinquen y son excarceladas porque no tienen una condena.
Días después, el gobernador José Luis Gioja volvió a decir que la Ley de Flagrancia tenía que ponerse en funcionamiento para dar una respuesta rápida a la gran cantidad de detenidos que tiene la Policía de San Juan.
La Ley de Flagrancia había sido impulsada por el saliente ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, quien logró el compromiso y el visto bueno de jueces y fiscales penales.
Pero desde la Corte nunca se recibió con la misma agilidad que se había gestionado.
Uno de los argumentos había dado el máximo tribunal es que tenían que crear un par de juzgados y toda su estructura (jueces, secretarios, fiscales, etc.).
Sin embargo, hay jueces que están dispuestos a implementar el sistema cuando no estén de turno.
Para ello sólo haría falta que se apruebe la ley y que la Corte haga una acordada implementándola.
Por ahora, la Ley de Flagrancia está en el paquete de reformas que se piensa hacer al Código Procesal Penal de San Juan.
Hay una comisión que está estudiando esas reformas. Una vez terminado el proyecto de reforma, debería ir a la Legislatura para su aprobación. Pero, aunque se apruebe, sin el apoyo de la Corte de Justicia la Ley de Flagrancia no tiene futuro.
