¿Algún amigo pondrá $ 1 millón para pagar la fianza de Santiago Graffigna?

Ya amagó la defensa de Santiago Graffigna con presentar un pedido de excarcelación, y seguramente lo concretará cuando esté en condiciones de hacerlo después de la indagatoria y la maratónica previa a la que apuesta como desgaste y que aún sigue en increíble etapa de lectura de cargos, sin que hasta ahora se vea la luz al final del túnel. La pregunta es: ¿qué hará la jueza cuando ese momento llegue?
En estos últimos días, el abogado Fernando Rahmé –uno de los dos que integra la defensa junto a Rolando Lozano- vociferó a quien quisiera escucharlo que no han encontrado hasta el momento “elementos contundentes que justifiquen” la detención de Graffigna, quien aún permanece en un improvisado calabozo de la seccional 28. Comenzó a preparar el terreno para el pedido formal, que no podrá ocurrir mientras Graffigna no declare y hasta ahora sigue dilatando.
Dicen en Tribunales que la jueza María Inés Rosellot está dispuesta a resistir el pedido, una vez que lo impute por algún delito. Si es por asociación ilícita, habrá que ver cuál es la función que le adjudica al detenido, porque para la de organizador de asociación ilícita la ley ordena una pena de entre 5 y 10 años, y Rosellot figura entre los jueces que no concede el beneficio de la excarcelación si el mínimo es tan alto, aunque su libertad no signifique un entorpecimiento para la investigación, como dice la ley.
Otra posibilidad es que no emprenda Rosellot por el camino de la asociación ilícita sino por el fraude en concurso real. Los observadores de la causa calculan que si la jueza le da 2 años por cada hecho, podría llegar a 8 porque son 4 casos, más la tentativa y la sustracción de elementos de prueba podría dejarlo ante una pena eventual abultada. En ese caso, tampoco le daría la excarcelación, por el mínimo de la pena sumada.
Pero existe también la posibilidad que le impute una asociación ilícita, pero no lo considere su organizador. En ese caso, podría corresponderle la excarcelación como ocurrió con el resto de los 11 detenidos a principios de marzo, que recobraron la libertad. Pero es una posibilidad muy remota, sencillamente porque debería buscar quién fue, si no Graffigna, el que organizó la asociación ilícita. No parece haber nadie en esa condición, ni siquiera Horacio Alday, quien está prófugo y con pedido de captura internacional justamente sospechado por haber cumplido el mismo rol con Graffigna.
Ahora, si Rosellot accede a dar la eximición de prisión, es seguro que le fijará una alta suma para poder salir en libertad. En Tribunales se habla de $ 1 millón en efectivo, sin la chance de una caución sobre algún inmueble, como ocurrió en otros casos con el propio Alday.
Es una suma importante, pero para nada inaccesible. El problema para Graffigna es que es insolvente, pese a que cobró en este escándalo de las expropiaciones unos $45 millones y tiene sentencias de cobro en primera instancia por más de $2.000 millones. El abogado Diego Sanz lo denunció en diciembre pasado –en nombre de Margarita Esquivel, una clienta de Graffigna en Cuesta del Viento- para que se investigue si incurrió en una insolvencia fraudulenta, es decir transfirió a terceros propiedades de manera irregular.
Sanz dijo entonces que, pese a haber cobrado esas sumas millonarias, Graffigna no tiene nada a su nombre: ni propiedades, ni depósitos bancarios. Y pidió investigar la transferencia en poco tiempo de 9 propiedades a otras personas. La denuncia apuntó a la esposa del detenido, Elsie Palana, y a otras tres personas a quienes fueron a parar las propiedades: Pablo Moya –hijo de Moisés Moya, camarista que falló en algunos casos llevados adelante por Graffigna-, Carlos Vargas Hidalgo y Adolfo Nicolás.
A ellos cayeron las propiedades en cuestión, según  la denuncia, junto a un fideicomiso que maneja un diferimiento en Sarmiento y cuyo beneficiario aún sigue siendo una incógnita. A pesar de eso, Graffigna no tiene bienes a su nombre. Pero asombrosamente firmó un acuerdo de pago con la Sociedad San Vicente de Paul, los dueños de dos terrenos por los que Graffigna les compró los derechos y luego consiguió fallos millonarios de los jueces Carlos Machi y Rosalba Marún: Ruiz, Guillermo y Suraty, respectivamente.
La sociedad se declaró engañada por Graffigna, que era su apoderado, pero luego embolsó dos cheques por $1,5 millón cada uno y no hizo más ruido. Total, $3 millones que nadie sabe a ciencia cierta de donde salieron, porque Graffigna ya era insolvente en ese momento.
Ahora, podrá ocurrir algún caso similar que haga aparecer el dinero de debajo de las piedras. Porque el abogado detenido sigue en la misma condición de insolvente, y necesitaría otro millón para responder a la fianza que le fijaría la jueza Rosellot, en una posibilidad muy remota pero posible.
Si aparece algún allegado en condiciones de aportar ese dinero, tendrá un dato a favor. El juzgado no es la AFIP: si aparece el dinero en efectivo, nadie le preguntará de dónde lo sacó, con tal que esté la plata. Claro que después, no podrá evitar que le sigan el rastro.