Fuentes judiciales informaron que el magistrado hizo lugar a la solicitud presentada desde el Estado, lo que a partir de ahora le permitirá al Gobierno proponer medidas de prueba o bien impulsar la investigación.
En su resolución, Bonadío consideró al Estado como garante del transporte público, y en función de ello otorgó el rol de querellante, lo que permitirá que reclamen medidas de prueba y tomar contacto del expediente.
La presentación para ser querellante la había hecho la semana pasada el subsecretario legal y técnico del Ministerio de Planificación Federal, el abogado Rafael Llorens.
En los últimos días, el juez no había aceptado como perito de parte a los propuestos por el abogado Gregorio Dalbón, en su carácter de querellante, a raíz de que el profesional tenía "falta de idoneidad en la especialidad".
(MDZol)