Miguel Angel Aramayo, un miembro de la comunidad gitana, fue condenado por la Cámara Federal de Casación Penal a 10 años de prisión por un matrimonio forzado con una menor de 14 años. La víctima fue capturada en Comodoro Rivadavia, Chubut, y trasladada a San Juan, donde sufrió violencia física y verbal por parte de Aramayo y su familia.
La condena se basó en la vulnerabilidad de la víctima, su minoría de edad y la explotación que sufrió. El padre de Aramayo, quien estuvo imputado en la causa pero ya falleció, pagó $50.000 a la familia de la adolescente para forzar la unión. Una vez llegada a San Juan, producto de las reiteradas violaciones, fue mamá por primera vez a los 15 años.
Además, le prohibieron tener contacto con su familia de origen. El aislamiento era tal que la chica no tenía ni teléfono celular ni sus documentos personales.
La víctima intentó escapar en varias ocasiones hasta que consiguió ayuda en diciembre de 2016, cuando un vecino la ayudó y contactó a su familia a través de Facebook.
Este caso destaca la gravedad de la trata de personas en Argentina, un delito que afecta principalmente a mujeres y niñas. Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 2020 se registraron 571 casos de trata de personas en el país.