Empieza a tomar fuerza la causa penal por las 36 familias que denunciaron a la Cooperativa Fraternidad Sanjuanina y al gremio UDA por la presunta estafa con la venta de carpetas de viviendas. Los supuestos damnificados aseguraron que ellos pagaron por una casa en ese barrio que fue entregado en 2022 y aún hoy no obtuvieron respuestas.
Las primeras denuncias se remiten a octubre de 2024, pero recién en estos días la causa comenzó a moverse en la UFI Delitos Informáticos y Estafas debido a que recién en la última semana el IPV envió el informe solicitado por el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Milena Barberi, informaron fuentes judiciales. Los damnificados también hicieron una marcha para reclamar por el caso.
Fuentes judiciales explicaron que el gremio docente, a través del IPV, inició el proyecto de la construcción del barrio UDA II en 2006. En ese entonces también intervino la Fraternidad, que hizo de mediadora para vender las carpetas de las futuras viviendas. Mucha gente se asoció a esa entidad y empezó a pagar por un lugar en ese barrio. En total se habrían comercializado 140 carpetas, relató una fuente judicial.
El problema fue que, en noviembre de 2022, inauguraron el barrio situado en inmediaciones de las calles General Acha y Progreso, pero entregaron 83 casas. Es decir que hubo un numero importantes de familias que compraron las carpetas para esas viviendas y que quedaron afuera.
Entre ellas estaban las 36 familias que denunciaron a la Cooperativa Fraternidad Sanjuanina y al gremio UDA como presuntos responsables de la maniobra. La explicación que habrían dado en su momento fue que pensaron que iban a construir más casas y eso no sucedió. Lo que aseguran los denunciantes, además, es que tampoco les propusieron otra alternativa y no les devolvieron el dinero.