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Bajo la lupa

Quiénes serían los empleados de Ambiente investigados por contrabando por la Justicia Federal

Fuentes oficiales del Gobierno indicaron que los agentes fueron suspendidos provisoriamente hasta que se resuelva la cuestión. Mientras tanto, las autoridades federales iniciaron una causa por la presunta violación al Código Aduanero.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Después de que un grupo de empleados de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable quedaran bajo sospecha por el supuesto contrabando de cubiertas en un vehículo oficial, fuentes allegadas a la investigación señalaron que los trabajadores en la mira son cuatro y deberán responder ante la Justicia Federal.

Acorde indicaron las fuentes, los sujetos implicados fueron identificados con los apellidos Ontiveros, Ponce, Irrazabal y Recabarren y, frente a las suposiciones, las autoridades de la cartera en la que cumplen funciones decidieron suspenderlos de manera provisoria.

Según las versiones oficiales, los hombres que cumplían tareas por el operativo de Semana Santa en “Guardia Vieja” (donde está el límite con Chile) e Iglesia fueron atrapados en la Aduana sanjuanina con 10 cubiertas. Si bien se estimaba que habían cruzado al país trasandino, desde Gobierno confirmaron que no pasaron hacia el país limítrofe y que tampoco se dieron a la fuga; por el contrario, dijeron que mostraron colaboración.

Las 10 cubiertas que tenían eran 4 de automóvil, 2 de camioneta, 2 de motocicleta y 2 usadas. Es por ello que debieron dar las explicaciones pertinentes y aseguraron que encontraron las cubiertas a la vera de la ruta. Fue por eso que detallaron que quedaron de acuerdo con Gendarmería para transportarlas.

No obstante, desde Gobierno informaron que no debían utilizar la camioneta para hacer este tipo de transportes y además destacaron que no era su tarea asignada.

A partir de ello, la Justicia Federal inició una investigación por la presunta violación al Código Aduanero y, paralelamente, la comisión administrativa de Gobierno se hará cargo del sumario administrativo correspondiente contra estas personas.

El Código Penal Argentino sostiene que "será reprimido con prisión de 2 a 8 años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones".

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