Santiago Graffigna, que afronta el juicio por expropiaciones, denunció a un miembro de la Corte de Justicia junto a integrantes de la Fiscalía de Estado por falsificar un documento. Sin embargo, el Ministerio Público rechazó el planteo por segunda vez. Es que tras la presentación de Marcelo Fernández, primero fue el fiscal Sebastián Gómez el que desestimó la sospecha por no hallar indicios de delito y, frente a la insistencia del abogado, intervino Francisco Micheltorena, quien arribó a la misma conclusión.
Acorde indicaron fuentes allegadas, el coordinador de la UFI de Delitos Especiales no compartió los argumentos sostenidos por el denunciante, entendiendo que la desestimación de la investigación expuesta por el fiscal Gómez se encontraba debidamente fundada y conforme a derecho.
"No comparte este fiscal revisor, la afirmación relativa en cuanto a que la fundamentación fiscal sufrió falencias en la objetividad, sino que por el contrario se estima que la misma fue correcta en su fundamento fáctico y el normológico", señaló en su resolución Micheltorena, que descartó las sospechas contra Guillermo De Sanctis y los representantes de la Fiscalía de Estado que impulsaron la causa de expropiaciones.
Graffigna había apuntado contra el cortista, que fuera Fiscal de Estado en los inicios de la causa de expropiaciones, y contra otros abogados de la repartición, entre ellos, Gaston Orzanco; Rubén Alfredo Pontoriero; Jorge Diego Maurín; Raúl Gustavo Sillero; Edgardo Luis Navarro; Gustavo Adolfo Sambrizi y Ariel Paredes Collado.
El principal acusado en la causa de expropiaciones advertía una maniobra ilícita por parte de la Fiscalía de Estado, la cual consistió en presentar un documento falso en el Juzgado Contencioso Administrativo, en perjuicio de Graffigna. Señalaba que el procesamiento introducido a la jueza Adriana Tettamanti tenía hechos inexistentes y suprimiendo datos verdaderos, por lo que los delitos en juegos se enmarcaban en la falsificación de documentos, estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
No obstante, el fiscal Gómez indicó que la teoría del caso de la denuncia carecía total sustento jurídico y ello fue avalado por Micheltorena, que manifestó que constituían un exceso las interpretaciones y referencias de la parte recurrente respecto a que la decisión del Ministerio Público había sido arbitraria.
