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SUSCRIBITEEl presidente y otro exdirigente de entidad fueron imputados de no cumplir con las promesas de entregar viviendas en el barrio UDA II, inaugurado en 2022. Serían 60 los damnificados.
Dos directivos de la cooperativa La Fraternidad Sanjuanina fueron imputados este lunes de estafa por vender carpetas de viviendas del barrio UDAII en Rawson que nunca entregaron a los inscriptos. Ese complejo se entregó en 2022 y muchos quedaron afuera. Hasta la fecha hay 36 denuncias, pero se cree que son 60 las familias damnificadas.
En el banquillo estuvieron Miguel Ceferino Aciar y Segundo Justo Zalazar, expresidente y actual presidente de La Fraternidad San Juan, respectivamente. El fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli de la UFI Delitos Informáticos y Estafas les imputaron ambos el delito de desbaratamiento de derecho acordado, una de las tantas modalidades de fraude que tienen pena de 1 mes a 6 años de prisión.
La fiscalía leyó los cargos contra Aciar y Zalazar ante el juez Eugenio Barbera a partir de las 36 denuncias que existen hasta el momento. Los supuestos damnificados aseguraron que la cooperativa empezó a vender carpetas de futuras viviendas del barrio UDAII en Rawson allá por el 2006.
Aciar y Zalazar firmaron un contrato con los directivos de UDA en el que acordaron que la cooperativa le cedía un terreno al gremio, con la condición que incluyeran en la lista de adjudicatarios a todos esos miembros de la entidad que compraron las carpetas. La Fraternidad Sanjuanina afirmaba en ese entonces que había cupo para 140 familias, de modo que comercializaron esas carpetas. Algunos de los inscriptos pagaron en cuotas y otras de contado con tal de asegurarse un lugar en barrio.
En 2022, el gremio entregó las viviendas del barrio UDA II, pero con 83 unidades habitacionales. Para sorpresa de los inscriptos por parte de la cooperativa, fue que muchos de ellos no aparecían entre los beneficiados con las casas. Ahí se armó el revuelo y empezó el conflicto, dado que la entidad no pudo reubicarlos y tampoco les devolvió el dinero.
Fuentes judiciales aseguraron que es imposible estimar de cuántos fue el perjuicio en dinero para cada familia en razón a los años transcurridos, pero los ahora denunciantes contaron que invirtieron sumar importantes.
En función a todas las pruebas señaladas por la fiscalía y la posible comisión del delito de desbaratamiento de derecho acordado, reiterado, el juez Barbera dio por habilitada la investigación penal preparatoria contra Segundo Justo Zalazar y Miguel Ceferino Aciar por el plazo de 12 meses. También dispuso que continúen en libertad y les dictó la inhibición de bienes para ambos.