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SUSCRIBITESe trata de Karen Heredia, la mujer que había caído detenida junto al pastor evangélico Alberto Balmaceda por quedarse con dinero de fieles de su iglesia con la falsa promesa de ayudarles a conseguir carpetas de viviendas del IPV. Al igual que el líder religioso, la nueva defensa de la imputada llegó a un acuerdo con la fiscalía y los damnificados y recuperó la libertad.
Luego de que estallara el escándalo del pastor evangélico estafador, que fue denunciado en la justicia y que devolvió el dinero a los damnificados, la discípula del religioso siguió el mismo camino y llegó a un acuerdo de reparación integral del daño con sus denunciantes, quienes fueron engañados con la falsa promesa de que los imputados los harían acceder a carpetas de casas del IPV.
Se trata de Karen Heredia, quien a través de un acuerdo de su defensa con el fiscal Eduardo Gallastegui se comprometió a pagar 9 millones de pesos y dos cuotas de 700 mil pesos a los damnificados. Representada por Martín Zuleta y Ana Sofía Carmona, la mujer que integraba la iglesia del pastor Alberto Carlos Balmaceda se mostró arrepentida y consiguió una salida alternativa para no seguir sometida al proceso judicial.
Así fue que el juez de Garantías interviniente, Roberto Montilla, homologó el acuerdo entre las partes y Heredia, que asumió el compromiso de pagar los montos mencionados, recuperó la libertad. Es que la misma se hallaba detenida con prisión preventiva desde que el caso fue formalizado y las siete denuncias en su contra se conocieron.
El líder religioso que también quedó en la mira había acordado una salida alternativa hace un mes atrás, cuando reconoció el daño causado y asentó su compromiso de regresar 10 millones de pesos. Balmaceda, representado por su abogado defensor Alejandro Castán, se pactó devolver el total de $10.952.140 en un plazo de 30 días y además entregó una propiedad (departamento del B° San Martín de Capital) como caución real.
Por su parte, Heredia -mediante sus abogados- acordó hacer el mayor desembolso en la inmediatez y los otros dos restantes, a 30 y 60 días. Es por ello que tras la aprobación del magistrado, se allanó el camino para salir detrás de las rejas y suspender el proceso hasta que cumpla con lo firmado. Una vez que cancele lo adeudado, la autoridad estaría obligada a dictar el sobreseimiento.
Este tipo de resoluciones -que resultaron una novedad el año pasado por su debut en la justicia sanjuanina- no sólo se ofrecen como una opción para que los acusados eviten ser sometidos a una instrucción y un posterior juicio o una eventual condena que marque sus antecedentes, sino también una posibilidad para que el sistema de justicia evite un desgaste mayor.
La situación penal de la acusada era más compleja que la del pastor porque los hechos en su contra ascendían a 35 y estaba sospechada de haberse quedado con un total de $21.292.000. Había comprobantes de transferencias, que oscilaban desde los 350.000 hasta los 800.000, que la complicaban y que la tenían como única beneficiaria, al ser la titular de una cuenta bancaria del Banco Galicia.
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