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SUSCRIBITE La angustia había empezado un día antes. A Lino Lucero no lo veían desde la noche del 22 de abril de 1988, ese día en que lo vieron tomando en un bar de mala muerte en inmediaciones de la calle Tucumán, cerca de la vieja Villa Costa Canal.
La angustia se prolongó por horas, hasta que la tarde del 23 de abril de 1988 hallaron un cadáver flotando en un cauce del distrito La Majadita en 9 de Julio. Los policías no sabían quién era. Después determinaron que se trataba de Lino Antonio Lucero, un portero del Colegio Monseñor Pablo Cabrera. El hombre del barrio Pateta, Chimbas, del que no se tenían rastros desde los primeros días de abril.
La autopsia aumentó la zozobra. Asfixia por inmersión, o sea ahogado, señaló el médico forense, pero el informe también reveló que Lino presentaba heridas en el cráneo muy compatibles con una agresión o golpiza. Además, constataron que al cuerpo le faltaban el anillo de oro, su billetera y la campera que vestía la noche del 22 de abril.
Las heridas podía ser producto de la caída al canal y la pérdida de sus pertenencias consecuencia del propio arrastre en el agua en ese largo trayecto que recorrió el cadáver desde -eso se presumía- el canal Playa, más conocido como canal Benavidez, al cauce derivador en 9 de Julio.
Un caso que iba al archivo
La familia de Lino siempre sospechó que lo mataron. En la Justicia dudaban, pero nadie quería arriesgarse. Más aun, sin testigos que respaldaran la teoría de un crimen o el robo. Y eso que la autopsia podía inclinar las hipótesis en ese sentido.
El juez no quiso complicarse y, a menos de dos meses del hallazgo de ese cuerpo, resolvió archivar el expediente con el argumento de que no encontró elementos para tipificar un ilícito.
Fue el camino más fácil, pero quedaba la incertidumbre sobre qué había pasado con ese hombre del barrio Pateta, padre de 14 hijos y desconocido para muchos. Así, cuando todo insinuaba que el caso iba camino al olvido, apareció un testimonio que sacudió a los investigadores de la Central de Policía de San Juan.
El 7 de julio de 1988 detuvieron un sujeto de Concepción de nombre Miguel Andrada por una presunta violación. Rápido de reflejos, para desviar la atención y ganarse a los policías, este muchacho declaró que sabía de un dato que les sería de mucha importancia. Contó que había sido testigo de un crimen, según los investigadores.
La versión del crimen
En ese relato, Andrada afirmó que una noche de abril vio cómo “El Pata” Guzmán y “El Cogote” Flores atacaron a otro hombre frente a la gomería de calle Mendoza y avenida Benavidez. Agregó que le dieron golpes de puño y patadas, que le quitaron sus cosas y lo arrojaron al canal.
Comentó que “El Pata” y “El Cogote” lo vieron esa noche, pero él se retiró a la casa de su suegra para no meterse en problemas. De acuerdo a su declaración, minutos más tarde estos mismos jóvenes lo fueron a buscar y le entregaron un anillo de oro de la víctima para “comprar su silencio”. Es más, señaló que dos días después vendió esa pieza de oro un tal “Cabezón” Bustos.
El subcomisario Domingo Villalba relacionó de inmediato el sorprendente relato con la muerte de Lino Lucero. El testimonio develaba el misterio en torno al caso y confirmaba la teoría del robo y asesinato. Todo encajaba, su extraña desaparición. El cuerpo hallado en el canal. Las heridas producto de una golpiza y la ausencia de su anillo, su campera y su dinero.
El juez que había investigado la muerte de Lucero fue informado sobre la reveladora declaración. Fue así que reabrió la causa, mientras tanto los policías buscaron más testimonios para verificar si lo que decía Andrada tenía asidero.
En efecto, la suegra del muchacho, de apellido Ayala, contó que ella misma presenció el ataque en la esquina de Mendoza y Benavidez y refirió que todo lo que relató Andrada era cierto. El “Cabezón” Bustos también fue entrevistado y confirmó que recibió un anillo de parte del testigo clave. Una sola cosa no cerraba, esta persona dijo que no tenía el anillo porque la Policía se lo había quitado.
Las detenciones
Los testimonios resultaban pruebas suficientes. En esos días detuvieron a J. C. Guzmán, mientras que Flores no fue localizado. “El Pata”, primero se negó a declarar en Tribunales, pero el 14 de julio de 1988 volvió a ver al juez y habló. Ahí no sólo se autoincriminó, además involucró al propio “Mongo” Andrada, a “El Cogote” Flores y al “Condorito” Herrera en la golpiza y asesinato de Lino Lucero. Increíblemente confirmaba la existencia de un crimen y hasta daba nombres de los presuntos partícipes del ataque.
Esa primera declaración que cayó como una bomba, fue refutada por C. D. Flores que se entregó a la Justicia el 28 de julio de ese año. “El Cogote” negó todo, aclaró que estaba viviendo en Mendoza y que se enteró que lo andaban buscando, que por eso se presentó espontáneamente. Aclaró que no sabía de la muerte de ese hombre de apellido Lucero. Dijo que desconocía de por qué Guzmán lo mencionó, pero afirmó que seguramente “El Mongo” Andrada lo involucró en el crimen con el único fin de vengarse, dado que tenían serios problemas entre ambos.
En esos días también detuvieron al “Condorito” Herrera, quien fue llevado a indagatoria. Este imputado declaró que conocía a los otros jóvenes detenidos porque eran de la zona de Concepción, pero nada tenía que ver con la muerte de Lucero. Incluso ofreció testigos para demostrar que la noche del 22 abril estuvo en otro lugar.
Idas y vueltas
A esa altura, la causa se enrarecía y empezaban a aparecer los puntos flacos de la investigación. Para sumar más confusión, el 10 de agosto de 1988 Guzmán pidió declarar nuevamente. Para sorpresa del juez y los investigadores, “Pata” se desdijo de su confesión del 14 de julio. Afirmó que todo lo que había dicho anteriormente era mentira y que declaró bajo presión y amenaza de los policías, que lo torturaron tras su detención. Algo parecido sucedió meses más tarde con el propio Andrada y con los otros testigos que respaldaron su versión inicial.
La retractación de Guzmán no alcanzó para cambiar el rumbo de la investigación, el juez del Sexto Juzgado en lo Penal procesó con prisión preventiva a Guzmán y Flores por el delito de homicidio criminis causa. Es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el robo. Por otro lado, desvinculó al “Condorito” Herrera y a “El Mongo” Andrada.
Durante la investigación, muchos de los testigos que hablaban sobre el crimen se rectificaron y dijeron que mintieron en sus declaraciones.
Esto último resultó confuso. Si el juez daba por acreditado que hubo un robo y asesinato y que los autores supuestamente eran Guzmán y Flores, qué rol atribuía a Andrada. Si él mismo había dicho que recibió el anillo de la víctima y que lo vendió. ¿Acaso no le hubiese cabido la acusación de encubrimiento? Pero esto no pasó.
Los dos acusados fueron juzgados mediante un juicio escrito en el Primer Juzgado en lo Penal y el veredicto se conoció el 13 de febrero de 1990. En un fallo que dejó boquiabiertos a muchos, absolvieron de culpa y cargo a “El Pata” Guzmán y a “El Cogote” Flores. Para entonces llevaban un año y medio presos.
Marcha atrás
El fallo judicial desnudó las falencias en la investigación, pero a la vez sembró más dudas alrededor de la muerte de Lucero. Entre otros argumentos, el magistrado tachó de nula la confesión de “El Mongo” Andrada que dio inicio a la reapertura del caso y culminó con los procesamientos contra Guzmán y Flores. Fundamentalmente porque a los meses de esa primera declaración, éste mismo se retractó y afirmó que había inventado todo a consecuencia de los tormentos que sufrió de manos de los policías.
De la misma forma, el magistrado cuestionó la confesión de Guzmán, que declaró que fue golpeado por los investigadores para incriminarse en el caso Lucero y vincular a Flores. Remarcó que el detenido padeció “violencia moral” y coacción, que no contó con las garantías del debido proceso y que lo indagaron frente a los mismos policías que lo investigaban. Por otra parte, señaló que en ningún momento se valoró su retractación. Por esas razones sostuvo que no era válida esa confesión.
En la resolución también refutó los testimonios de otras personas que respaldaron la versión inicial de Andrada y que fueron tomados como pruebas claves. Es que, pese a que en principio reforzaron la teoría del crimen, después se arrepintieron de sus dichos y alegaron que sus declaraciones venían de simple rumores o comentarios mendaces por pedido de otras personas. En el caso de la suegra de Andrada, directamente negó su testimonio y hasta desconoció como suya la firma estampada en las hojas de su declaración. Tampoco quedó en pie algún testimonio o prueba real que sostuviera la acusación, pese a que el fiscal pidió perpetua.
La sentencia del 13 de febrero tiró abajo todo lo actuado y declaró inocentes a los dos únicos acusados por el crimen de Lino Lucero. Con esto también selló el manto de impunidad porque el caso nunca se esclareció y no se encontró a los responsables de la muerte del portero. Aún hoy, su familia sostiene que a Lino lo mataron.
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