Después de que el caso del chofer denunciado por un periodista saliera a la luz y que sus protagonistas hicieran declaraciones públicas, la justicia que todavía no formaliza la investigación ordenó una restricción perimetral y un allanamiento en la empresa donde trabaja el colectivero.
Según informó el joven de 23 años que dijo que fue abusado sexualmente por el chofer, Santiago Barroso, desde la UFI CAVIG notificaron al denunciante sobre las dos medidas adoptadas. Una de ellas había sido requerida por el periodista, quien manifestó tener miedo de volver a cruzarse con el supuesto agresor sexual.
“Una orden que prohíbe al chofer realizar actos molestos o perturbadores hacia mi persona, como así también una orden de allanamiento al domicilio de la empresa -de colectivo- con la finalidad de obtener legajos personales, nombres de choferes, número de unidades y dominios que circularon el día 08/05/2022”, manifestó el denunciante respecto a las medidas dictadas por el juez de Garantías Jorge Andrés Abelín Cottonaro.
Acorde informaron fuentes judiciales, los investigadores intentan establecer qué fue lo que sucedió dentro de la unidad de transporte o al menos reunir el material suficiente para darle formalidad a la instrucción que conduce el fiscal Ignacio Achem.
El chofer apuntado habló con Tiempo de San Juan y se defendió de las acusaciones que Barroso le endilgó. Negó rotundamente haber mantenido algún tipo de contacto cercano con el denunciante, como así también de haber tenido una relación amigable. Dijo ser un hombre de familia, incapaz de agredir sexualmente a alguien.
Por su parte, el periodista arremetió contra el colectivero y, además de contar detalles del supuesto ataque, aseguró que el revuelo que se generó alrededor de la cuestión fue porque se trata de un varón denunciando a otro varón. En ese sentido, admitió tener el deseo de sentar un precedente para que otros hombres se animen a denunciar, ya que resulta poco frecuente ese tipo de hechos.