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SUSCRIBITE Después de que el Arzobispado de San Juan de Cuyo fuera denunciado ante la Justicia por una supuesta compra irregular de un inmueble en Caucete y el obispo coadjutor Carlos María Domínguez fuera señalado por ello, desde la parte denunciante indicaron que las sospechas que pesan no sólo rondan en torno el estado de salud mental del hombre que vendió sino también se sostienen en el precio que se manejó y "la velocidad con la que se hizo".
Si bien desde la entidad religiosa manifestaron que están dispuestos a dar marcha atrás a la operación, el abogado que representa a los denunciantes, Leonardo Villalba, explicó que es probable que se llegue a un acuerdo para dejar sin efecto la compra dado que "se acreditó la incapacidad del hombre, pues padece esquizofrenia". No obstante, la Justicia Penal continuará investigando la presunta comisión del delito de estafa.
En ese sentido, el letrado que habló con Tiempo de San Juan en nombre de Rubén y Sergio López, los hijos de la persona que habría sido estafada, manifestó que la denuncia se radicó, justamente, por cómo se concretó la venta. "Estamos hablando de alguien que no está en sus cabales y que vendió una casa con un salón comercial por un millón de pesos, cuando en el mercado cuesta diez veces más", sostuvo.
Acorde detalló el abogado, un experto tasó el inmueble en cuestión, ubicado en Ignacio de la Roza y Diagonal Sarmiento, y aseguró que el precio oscila entre los 10 y 12 millones de pesos. "Estaba vendiendo por un precio irrisorio", agregó. Además, lo que les llamó la atención fue la rapidez con la que se realizó la transacción, ya que directamente se escrituró y no se hizo un boleto compra venta.
Sobre esto último, este medio consultó con una especialista en bienes raíces quien indicó que -últimamente- las operaciones de este tipo se efectúan con mayor velocidad que antes por la inflación y los perjuicios que ello pueda provocar. "No resulta extraño que no haya habido un boleto de compra venta porque los precios varían de un día a otro", señaló.
Aunque se llegue a un acuerdo entre los denunciantes y el Arzobispado, el fiscal Carlos Rodríguez indagará junto al juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción.
"Nosotros estamos a disposición, si la justicia quiere investigar que lo haga. Esperamos que nos llamen para declarar", expresó el abogado que representa a la institución, Rubén Lloveras. También aseveró que todo se hizo de buena fe y que desconocían el estado mental del vendedor.