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SUSCRIBITE Después de haber sido denunciado por violar la cuarentena y por ello quedar detenido con prisión domiciliaria, el empresario textil Sergio Guillermo Vallejo Mini fue sometido a la justicia de Flagrancia con el inicio del juicio este viernes por la mañana, en cuya primera audiencia participaron dos de los empresarios más reconocidos de la provincia que defendieron a su colega.
Presentados por la defensa encarnada por el político y también abogado penalista Martín Turcumán, Juan José Igualada y Hugo Goransky atestiguaron a favor del hombre acusado de violar el Artículo 205 del Código Penal, presuntamente obligando a trabajar sus empleados sin estar dentro de las actividades exceptuadas de la libre circulación.
Sin embargo en el debate oral y público, tanto el presidente de la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI) como el titular de la Unión Industrial en San Juan lo situaron como proveedor y parte de la cadena de valor de las actividades esenciales, por ser fabricador de los EPP (elementos de protección personal) para las empresas de Igualada y Goransky, respectivamente.
Los testigos de renombre se hallan asociados a Vallejo no sólo por integrar las cámaras empresariales en sí sino también por intercambio de servicios, ya que el propietario de Zonda Safety Gear los provee de indumentaria y EPP. Con sus actividades económicas en funcionamiento y exceptuadas, ambos plantearon en conjunto con la defensa que la producción de Vallejo sería de igual modo esencial. Es que Goransky es proveedor en el sector de la Salud con tubos de oxígeno, mientras que Igualada ofrece servicios de transporte para la minería, la cual tiene permitido estar en acción.
Tras su declaración, llegó el turno de los empleados de la firma quienes -incluso- estuvieron presentes durante el allanamiento que la policía realizó en el galpón ubicado en Ruta 40 el último 16 de abril. Los trabajadores con puestos de jerarquía dentro de la empresa dieron detalles sobre las tareas que ese día estaban en marcha en el taller textil, entre las que se destaca la confección de barbijos.
Por lo extenso que fue el inicio de la audiencia, con cuatro horas de debate ininterrumpido, el juez Federico Rodríguez resolvió a la suspensión de la misma hasta el próximo 27 de abril y ordenó que el imputado permanezca con prisión preventiva en arresto domiciliario, tal y como lo había resuelto el magistrado Carlos Lima cuando la defensa y la fiscalía no llegaron a un acuerdo de juicio abreviado.
Vallejo había sido denunciado anónimamente por exigirle a sus empleados trabajar a pesar del aislamiento social y por ese motivo se ejecutó un despliegue policial que sorprendió a unos 30 operarios hombres y mujeres, en funciones. En ese momento, las explicaciones que el empresario ofreció no resultaron una justificación válida para las autoridades y quedó a disposición de la justicia que ahora define su situación procesal.