La mega causa de expropiaciones que involucró a una banda de abogados, jueces y funcionarios que se dedicaban a inflar causas de expropiaciones para saquear las arcas del estado dio un paso crucial hacia su definición con la decisión del juez que investiga, Benedicto Correa -del Quinto Juzgado de Instrucción-, que realizó la clausura de investigación sobre 8 de los 16 imputados con el objetivo de acelerar los procesos judiciales.
Este grupo de 8 procesados que aguarda por el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Fiscal está integrado por Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita), Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado), Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo), el abogado y socio de la asociación ilícita Horacio Alday, la ex jueza Rosalba Marún y tres peritos que citaba Graffigna: Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos.
Todos ellos quedaron con el procesamiento firme por el concurso de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, tentativa de fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, defraudación por ocultamiento o sustración de medios o elementos de prueba, entre otros delitos que comparten como integrantes o partícipes necesarios de una asociación ilícita, una red de estafa.
Por su parte, restan los otros 8 implicados en la causa que inició en 2010 tras la denuncia del Gobierno de San Juan cuyos procesamientos fueron apelados en la Sala Segunda de la Cámara Penal y allí permanecen desde hace casi un año y medio "en trámite", según informaron fuentes judiciales. Del tribunal compuesto por los jueces de cámara Maximiliano Blejman, Caballero Vidal (h.) y Silvia Peña, el primero ya habría emitido su voto hace meses y el destino de quienes apelaron la decisión de Correa estaría en estudio del segundo magistrado.
Será el tribunal de la Cámara Penal quien sustente el fallo el juez que instruyó en la mega causa o bien lo desestime para conocer a ciencia cierta si correrán con la misma suerte que los primeros encaminados a juicio.
Los que apelaron el procesamiento y gozan de momento de una situación de stand by son: Mario Díaz (ex Fiscal de Estado); Néstor Adán Ruíz (funcionario de Recursos Energéticos) y los seis integrantes del Tribunal de Tasaciones de San Juan, Joaquín Francisco Fernández, Julio César Fernández, Pedro Ernesto Bazzani, José Manuel Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Nicolás Olivera. Para el primero de los Fernández las acciones se extinguieron a su favor, ya que falleció y no puede continuar una investigación en contra de alguien que ya no está.
Después de emprender una investigación de ocho años, con la complejidad que representan la cantidad de imputados y los delitos en juego, la mega causa comienza a ver la luz al final de túnel y el juicio oral y público contará con un tribunal que deberá conformarse acorde a las inhibiciones ya presentadas por algunos jueces, como en el caso de Pablo Flores y de Guillermo Adárvez.
Con Correa y Benito Ortíz descartados por participar en la etapa de instrucción, restan un juez de Instrucción: Martín Heredia Zaldo y los correccionales: Eduardo Agudo, Carolina Parra, Matías Parrón y Silvina Rosso de Balanza. Mónica Lucero tampoco sería de la partida pues habría manifestado de forma pública su amistad con Graffigna.