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SUSCRIBITE El horror en Santa Lucía tuvo lugar en agosto de 2016 cuando el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido fue hallado en el fondo de una vivienda, dentro de un balde de 10 litros, y la mujer que lo parió quedó procesada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.
En Tribunales, en la Sala II, el próximo miércoles 27 de junio comenzará el juicio contra Irina Carrión, acusada de haber asesinado a su propio hijo luego de tener un parto clandestino, cuando tenía 18 años.
Tras quedar detenida con prisión preventiva por orden del juez que instruyó en la causa, Benedicto Correa del Quinto Juzgado de Instrucción, en octubre de 2016, dos meses después de que el escandaloso caso viera la luz, la acusada permaneció privada de su libertad en el Penal de Chimbas.
Luego de establecer que el bebé muerto había sido asesinado por asfixia, mediante la autopsia del cadáver, los argumentos de Carrión se diluyeron por completo. En un principio, la joven había acusado a la Policía de haberlo matado, algo que se comprobó que era falso por la data de muerte que se aproximaba a diez días previos al hallazgo. Además fue el mismo personal de la Brigada Calle de la Comisaría 5ta quien descubrió el cuerpo dentro de un balde de pintura.
Desde su defensa, representada por el doctor Ismael Hidalgo, se argumentó que Carrión es inimputable dado el estado mental que presentaba mientras la investigación avanzaba, con declaraciones ilógicas que trascendieron. Sin embargo, una pericia psicológica y psiquiátrica demostró que estaba en sus cabales y que conocía las consecuencias de un delito.
Sin un cómplice sindicado por la justicia con pruebas fehacientes, dado la secuencia de hechos: parto clandestino, homicidio y ocultamiento de los restos, situaciones traumáticas para cualquiera, la única procesada por el delito fue la mujer que hoy tiene 20 años.
Además del cuerpo encontrado, dos evidencias contundentes complicaron a la acusada además de sus explicaciones. Una fue el certificado hallado en su casa que probaba que meses atrás había recibido atención médica por su embarazo y la otra fue el resultado del legista que afirmó que estaba en estado de posparto y con un cuadro infeccioso.
Para el delito en cuestión, el Código Penal prevé una condena de prisión perpetua que es a lo que se enfrentará la acusada.