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SUSCRIBITE La Cámara Federal de Mendoza confirmó el histórico fallo del juez federal Leopoldo Rago Gallo por la estafa de 30 millones de pesos al fisco nacional a través del borrado de deudas en la AFIP de San Juan. Y uno de los 17 involucrados logró recuperar la libertad.
Con el auto de procesamiento que confirmó la Cámara Penal, ahora la inédita causa está en condiciones de ser elevada a juicio oral y público.
La estafa al fisco nacional tiene tres patas: empleados de la AFIP que borraban las deudas a cambio de dinero, empresarios que pagaban por usar ese sistema ilegal y contadores que hacían el nexo.
La causa tiene 17 involucrados. Tres de ellos con falta de mérito (Adrián Alejandro Collado, Daniel Guillermo Fornari y Enzo Eduardo Novelli). Otros tres habían sido procesados sin prisión (César Esteban Vignoli, Antonio Ribas y Antonio Monteleone), por los delitos "fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita y adulterar documentos públicos”.
Mientras que otros 11, entre ellos empresarios y contadores y empleados de la AFIP, habían sido procesados con prisión preventiva.
De ellos, sólo uno recuperó la libertad. Se trata de Edmundo Enrique Novelli, dueño de una serie de sucursales en San Juan de la cadena de heladerías Grido. Es hermano de Enzo Novelli.
El juez Rago Gallo lo procesó por "fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita, dar o recibir dinero a un funcionario público a cambio de que éste retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones, falsificar un documento público y adulterar los registros informáticos del fisco nacional”.
A través de su abogado Fernándo Ramhé Quattropani, el empresario logró que la Cámara Federal de Mendoza le saque los delitos más duros: integrar la asociación ilícita y dar o recibir dinero a empleados públicos a cambio de algo relativo en sus funciones. Así, el viernes de la semana pasada recuperó la libertad.
De todas maneras, la Cámara Federal le confirmó a Edmundo Enrique Novelli los delitos de falsificar un documento público y adulterar los registros del fisco nacional. Y por esas acusaciones será juzgado.
A continuación, los 10 imputados que siguen con prisión preventiva y a los que la Cámara Federal les confirmó el auto de procesamiento:
Eduardo Cristian Olmos y Daniel Humberto Fornari como presuntos coautores de los delitos de: fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita con el agravante de ser jefes u organizadores, por adulterar o modificar registros informáticos del fisco nacional,falsificar o adulterar un documento público y certificar actos jurídicos, balances o estados contables para facilitar la comisión de delitos.
En el caso del contador Olmos, defendido por el abogado Rolando Lozano, la Cámara Federal le hizo algunos cambios menores, que hacen a lo sustancial en la causa respecto de su situación procesal: definió que los delitos son en concurso ideal, no real; y le cambió la figura de asociación ilícita (artículo 210) por el de asociación ilícita fiscal.
Rubén Darío Falcón, Walter Douglas Prividera y Manuel Francisco Montivero Miranda como presuntos coautores responsables de los delitos de: fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita, falsificar o adulterar un documento público y modificar registros informáticos del fisco nacional.
Héctor Eduardo Quirós, Raúl Ricardo Peña, Andés Julio Ayala, Luis Alberto Alé y Fernando Ariel Jolivot por los delitos de: fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita, falsificar un documento público y adulterar o modificar los registros informáticos del fisco nacional.
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