Casi nadie sabía dónde estaban, y pocos entendían su importancia. Fueron una pieza clave en la resolución de los juicios de lesa humanidad que se realizaron en la provincia y ahora tienen una ley, Nº 1250-F, que ordena su recuperación y preservación. Se trata de los archivos históricos de la Policía de la Provincia que estuvieron guardados en una habitación construida especialmente dentro de la ex bodega Cavic y luego fueron trasladados a la Escuela de Policía, según fuentes del Ministerio Público Fiscal Federal.
La historia de esos documentos es tan vieja como la misma Policía, ya que son sus archivos en papel de todas y cada una de las personas que sacaron documentos, certificados de antecedentes y, por supuesto, las que estuvieron presas por cualquier motivo. Estiman que hay papeles escritos en el siglo XIX hasta el XX. Pero cómo llegaron ahí y cómo volvieron a salir a la luz es algo que hasta ahora permanecía en la oscuridad total.
Sin espacio físico para guardar semejante volumen de papel, pero con la convicción que debían preservarse, la Policía de la Provincia tuvo especial cuidado en resguardar esa documentación a través de los años, aunque ya no tenía espacio físico para tanto volumen.
La bodega del Estado había sido clausurada en 1991 y en noviembre de 1994 se remataron los bienes para pagar deudas. Por lo tanto con seguridad fue después de ese año que los archivos fueron trasladados, fuentes calificadas indicaron que fue en el 2003 cuando se dejaron en la bodega.
Si los documentos incluían todo lo actuado hasta ese momento era de esperar que estuvieran también los de los años de plomo, la última dictadura militar.
Una alta fuente policial señaló que en el año 2003, el entonces gobernador, José Luis Gioja, ordenó al Jefe de Policía que se guardaran esos documentos en la ex Cavic y que cuidaran ese archivo con su vida. Gioja tenía especial y personal interés en esos documentos, ya que él mismo fue detenido y torturado en marzo de 1976.
Cuando en noviembre de 2011 se inició el proceso de juicios de lesa humanidad contra los militares que actuaron en la dictadura, los jueces pidieron documentación de esa época al Ejército, a Gendarmería y a la Policía de la Provincia. De ese archivo salieron pruebas que fueron contundentes.
Durante los juicios, el Ministerio Público Fiscal Federal se llevó parte de los documentos, los que aportaban pruebas de detenidos durante la última dictadura militar, incluyeron los movimientos realizados antes de marzo de '76 y hasta después del regreso de la democracia.
Los archivos que se usaron en los juicios fueron digitalizados y enviados al Archivo Nacional de la Memoria, en Buenos Aires. En el 2013, los archivos en papel que no se usaron fueron trasladados a la Escuela de Policía junto con todo el resto de la documentación. Es decir que en la Cavic no quedó nada. Ahora están debidamente custodiados y bajo la responsabilidad de los fiscales federales en la Escuela de Policía.
La ley
Un nuevo movimiento comenzó en 2014, cuando la prensa publicó sobre la existencia de estos documentos históricos, por entonces sólo se hablaba de prontuarios ya sea de personas con antecedentes penales o no, pero nadie mencionó los documentos de la década del ‘70.
En junio de 2013 dos profesionales del Instituto de Geografía Aplicada, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, fueron a revisar los documentos para fundamentar la ley que buscaba preservarlos.
"La Policía no quería ni que entráramos a verlos, pero la diputada Cristina López consiguió el permiso y pudimos entrar con otra profesional, siempre custodiada por un agente. Pudimos revisar muy poco, había una pieza llena de papeles, dicen que habían llevado 3 camionadas. Y cuando salíamos llegó otro agente a preguntar que habíamos hecho”, contó Ana T. Fanchin, titular del Instituto.
Ellas hicieron su aporte fundamentando la necesidad de una ley que rescate estos documentos históricos para reconstruir parte de la historia sanjuanina.
Alcanzaron a ver algunos prontuarios con datos de filiación, fechas, de donde venían si eran inmigrantes, por dónde entraron, quienes eran sus padres, cuál era su profesión, año de nacimiento, y la foto.
"Sólo pudimos examinar los expedientes que se hallaban en superficie, cerca de la boca de entrada, y corroborar que eran de mediados del siglo XX. Esto último concuerda con la información proporcionada por el oficial, quien estimó una cantidad superior a los 100.000 prontuarios, los más antiguos se remontarían a fines del siglo XIX”, señaló.
"La sanción de la ley fue un paso muy importante porque es información muy valiosa para los que hacemos demografía histórica, estudios genealógicos. Hay gente que por herencias los necesitaba, porque por ejemplo en España con las guerras se quemó mucha documentación de este tipo”, aseguró Fanchin.
El artículo 4º de la ley sancionada para el resguardo de estos documentos establece que la autoridad de aplicación tendrá por funciones: determinar el valor histórico, cultural y social de la documentación. Habilitar un espacio adecuado para su conservación. Proceder a la organización del material, a su catalogación y sistematización. Implementar medidas para la preservación y restauración de los documentos. Informatizar este material para generar una base de datos que permitan su consulta.
Pero de todo esto nada se ha hecho aún. "Ahora falta un paso muy importante que es que se recuperen, se ordenen y se puedan consultar. Tener un archivo informatizado con todo esto, es un proyecto importante que requiere mucho tiempo y esfuerzo”, señaló la historiadora.
Para cuidar la historia
"A pesar del valor patrimonial de esta documentación las condiciones en que se encuentra atentan contra su preservación, sin que se hayan adoptado las medidas necesarias para evitar su deterioro, carente completamente de un ordenamiento, sin un uso efectivo por parte de la propia institución que le dio origen, ni tampoco por público interesado en su consulta”, dice la fundamentación de la ley.
