Arde la interna en la cúspide judicial por la liberación del minero abusador
Entre el mediodía y la noche se generaron todo tipo de gestiones, judiciales y mediáticas, desde la Corte y desde la Fiscalía General. Por Gustavo Martínez Puga
La polémica liberación que la Corte hizo del minero Alfredo Villegas, después de probarse que abusó sexualmente de sus tres hijos, es una verdadera bola de fuego que está dejando una gruesa huella por donde pasa. Y encendió la vieja interna entre las máximas autoridades del Poder Judicial de San Juan: Corte versus Fiscalía General.
Desde el mediodía de éste viernes empezaron a generarse un cúmulo de medidas desde ambos sectores para que el escándalo no los sepulte.
VERSIÓN I
Por parte de la Fiscalía General de la Corte, Eduardo Quattropani reunió a su tropa –la fiscal Teresa Ravetti de Ramet y la Asesora de Menores Patricia Sirera- y se echaron las acciones judiciales al hombro: la fiscal pidió que detengan de nuevo a Villegas; la asesora Sirera se puso a disposición de la ex mujer y sus hijos para asesorarlos legalmente de los pasos a seguir.
Por otro lado, el fiscal general Quattropani gestionó ante el Ministerio de Gobierno un pedido de protección policial para la mujer y sus hijos, ya que el fallo de la Corte no dijo nada al respecto, a pesar de estar en riesgo esa mujer y sus hijos, ya que son quienes denunciaron a Villegas hasta que la Corte lo liberó, tras 22 meses de prisión.
El ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, mantuvo contacto con el fiscal general Quattropani al mediodía por una capacitación forense en escena del crimen y le informó que había cortado el camino legal y burocrático y había dispuesto protección policial de oficio, antes de que llegue el pedido oficial.
VERSIÓN II
Por otro lado, están las gestiones que hicieron desde la Corte. Y desde allí avivaron un clásico que tienen con el fiscal General: dicen que son ellos los que apuraron las medidas tomadas hoy. Y que el fiscal les cortó el camino mediáticamente.
En la tarde-noche, por orden de uno de los tres cortistas que integró el tribunal de la Sala Segunda de la Corte, quien suscribió con su firma el polémico fallo, decidieron salir a informar de las medidas y a que se difunda que fue la Corte quien tomó la iniciativa.
En realidad, las medidas judiciales gestionadas por la Corte empezaron al mediodía por iniciativa de un Secretario de peso que olfateó el crecimiento exponencial del escándalo tras el fallo anulando la detención y poniendo en libertad a Villegas.
Ese Secretario se interiorizó de los pormenores de la resolución y de qué es lo que puntualmente anulaba del caso, además de la privación de libertad con una orden de detención judicial posterior a ese hecho.
Allí el Secretario, un colaborador y otro secretario especializado en temas penales determinaron que el fallo no anulaba las pruebas producidas en la instrucción que determinan que el minero Villegas sí abusó sexualmente de sus tres hijos. Por lo tanto, había motivos suficientes para ordenar la nueva detención.
Al ver que el caso entró en estado de ebullición constante y en el juzgado que se ordenó investigar, el Quinto de Instrucción –el cual tiene un juez subrogante, Pablo Flores, porque la titular se jubiló-, no tomaba estas medidas, informan en la Corte que fue desde allí que se le pidió a los fiscales que salieran al ruedo y tomaran medidas.
Como sea que haya sido, sólo hay un caso concreto: la decisión judicial del máximo tribunal provincial desató un escándalo sin precedentes, ya que podría haber sido más prolijo y evitado todo este tipo de maniobras y parches judiciales.
Mientras tanto, María Angélica Andrada y sus tres hijos abusados están aterrados en su casa, esperando a que no les ocurra nada malo.
