Por Gustavo Martínez Puga
“A parte de ser ex juez, Herrero Martín es amigo de la familia Palma. Sé de buena fuente que la familia Palma pasó fines de semana en la casa de Zonda que tiene Herrero Martín. Y que ahora el tribunal en el que él estuvo durante años tenga que resolver lo de mi hija, la verdad es que me da un poco de recelo. Tengo desconfianza y miedo”. El relato es de Antonio Olivares, el padre de Cristina, la joven madre pocitana que fue masacrada de 140 puñaladas el 7 de julio de 2012. Y el padre de la víctima no hizo otra cosa que hacer público un malestar que también está instalado entre fiscales, abogados de los imputados –y sus familiares- del brutal asesinato: ¿por qué intervendrán los mismos jueces que durante años fueron compañeros de trabajo del abogado de Palma?
El abogado en cuestión es Félix Herrero Martin, uno de los primeros en jubilarse beneficiado con el 82 % móvil de su salario como magistrado tras 42 años de trabajo como empleado del Poder Judicial.
Se jubiló el 29 de junio de 2012. Y el 7 de julio siguiente se produjo el crimen de Cristina. Ese abogado se retiró como integrante del tribunal de la Sala II de la Cámara Penal, donde aún están sus ex compañeros, los camaristas Ernesto Kerman y Juan Carlos Peluc Noguera.
El tribunal de la Sala II debe resolver las apelaciones de los procesamientos dictados contra Palma, Rosa Videla (procesados como homicidas), Noelia Corvalán (partícipe en homicidio) y Lucho Videla (encubrimiento, el único libre). Pueden mantener las calificaciones legales que determinó el juez Benito Ortiz o beneficiar a alguno de los imputados bajándoles la gravedad de los delitos.
¿CUÁL ES EL CRITERIO?
El caso trae al tapete un tema candente en Tribunales: ¿cuál es el criterio de la inhibición de los jueces?
Sucede que, en el escándalo de las expropiaciones, donde los sospechosos e imputados son abogados de renombre social, jueces y funcionarios públicos, hubo y hay una seguidilla de inhibiciones de magistrados de primera y segunda instancia, quienes no quieren hacerse cargo de investigar una estafa de decenas de millones de pesos contra el arca pública por la relación con alguno de la docena de imputados que tiene hasta ahora el escándalo. Encima, se viene la segunda etapa con nuevos protagonistas de alto perfil público.
Sin embargo, en el caso de Cristina Olivares, cuyo homicidio es el de mayor saña en la historia criminal sanjuanina, los jueces del tribunal que ahora deben intervenir en la causa mantuvieron una estrecha relación durante años con el abogado de uno de los imputados y no se inhibieron.
Incluso, en Tribunales explicaron que hasta al mismo Palma le podría perjudicar la presencia de Herrero Martín en su defensa, ya que el tribunal de la Sala II podría llegar a ser duro con el imputado con la intención de mostrar independencia.
Hay un antecedente en ese sentido: se trata del caso del remisero Pablo Cuenca (42), procesado como el autor del homicidio de su cliente en Rawson. Eso fue días después del crimen de Cristina Olivares. También allí el abogado era el ex juez Herrero Martín, quien apeló el procesamiento ante esa misma Sala II en la que están Peluc Noguera y Kerman.
En aquella oportunidad, esa Sala II le dio un revés a Herrero Martín al dejar firme el fallo de primera instancia dictado por Benito Ortiz.
Y esa vez, los jueces Peluc Noguera y Kerman, más José A. Vega –el tercer integrante del tribunal- y el entonces secretario Eduardo Agudo, intentaron inhibirse porque estaba Herrero Martín de por medio. Pero el tribunal de la Sala III de la Cámara Penal, integrado por Ricardo Conte Grand, Eduardo Gil y Eugenio Barbera, fallaron que era incorrecto que se apartaran por ese motivo.
Fuentes judiciales precisaron que ese caso serviría de antecedente, pero dicen que no es un precedente que haya marcado el camino.
¿Dos años sin procesamiento?
El 7 de julio próximo se cumplen dos años del crimen de Cristina Olivares, por lo que la Sala II tendría que resolver antes de ese plazo el procesamiento de los cuatro imputados –tres de ellos presos- porque no pueden estar más de ese tiempo sin un procesamiento firme. De lo contrario, el tribunal de la Sala II debería recurrir al último plazo y extender un año más la prisión preventiva.
