Por Gustavo Martínez Puga
Aunque cueste creer, en el Poder Judicial no descartan que se pueda volver a cometer un papelón como el protagonizado esta semana con Cristina Olivares, a quien citaron en el marco de un caso de violencia familiar, siendo que hace más de un año fue asesinada y su caso fue el más macabro que se recuerde en la historia criminal sanjuanina: recibió 140 puñaladas. Por el hecho está procesado su ex pareja, Miguel Ángel Palma; la novia de él, Rosa Videla, su cuñada, Noelia Corvalán, y su hermano Lucho Videla.
En dos sectores del Poder Judicial le confirmaron a Tiempo de San Juan que es muy posible que vuelva a saltar al tapete público algún caso similar.
Por un lado, lo reconoció el mismo protagonista del grosero error. Se trata de Mario Vega, a cargo de la Defensoría Oficial N°1. Sucede que desde esa oficina se emitieron “a mansalva” –según una alta fuente del Ministerio Público- una serie de citaciones de casos como los de Cristina Olivares, es decir, de mujeres que se ven envueltas en caso de violencia familiar.
Esas “citaciones”, según explicó el defensor Vega, “son para hacer un seguimiento de los casos, para que las víctimas no queden a la deriva. No es que ahora se hayan resuelto alguna medida judicial, sino que son para ver si las medidas que se dictaron en su momento se están cumpliendo, si la Policía va cuando hay una orden de restricción contra los hombres golpeadores, por ejemplo. Otras veces las parejas se arreglan y las causas se caen, en fin… Si bien son citaciones, se las llama así por una cuestión técnica, pero ni siquiera tiene el carácter de obligatorio su convocatoria”.
En el caso de Olivares “se cometió un error grosero y me hago cargo. No me canso de pedirle disculpas a la familia. El error estuvo en que no sacamos su nombre del sistema informático y, cuando se sacaron las citaciones para hacer un seguimiento, la Secretaria no se percató de que esa señora había sido asesinada hace más de un año”, explicó el defensor Vega.
Vega dejó en claro que “todas las medidas que, a través de esta defensoría, había pedido la señora Cristina Olivares, se le habían otorgado: la prohibición de acercamiento al señor Palma, la fijación de la mensualidad para los chicos, la restitución de documentación de los chicos”, informó, mostrando una foja judicial fechada el 26 de julio de 2011.
La citación es responsabilidad del Secretario de la Defensoría Oficial. En la Defensoría N°1 ese cargo es de Natacha García, quien no quiere hablar oficialmente. Extraoficialmente les dijo a los periodistas que no había estado en el país cuando ocurrió el crimen de Cristina (ver foto y nota), que por eso lo desconocía y que por eso envió la “citación”.
El defensor Vega dio a entender que hay “muchas de esas citaciones que están dando vuelta”, por lo que no se descarta que pueda aparecer otro caso como el de Cristina: “Ahora estamos trabajando para que eso no vuelva a ocurrir”, explicó el defensor Vega, aunque no hay ninguna garantía de que no vuelva a pasar.
En otro sector del Poder Judicial, una alta fuente del fuero penal también alertó sobre lo “expuestos que estamos en la Justicia a ese tipo de medidas”.
La fuente, con décadas de experiencia en la Justicia, precisó que “un secretario, un juez, un secretario o cualquier funcionario, no tiene la obligación de estar al tanto de todos y cada uno de los crímenes. Además, puede pasar que una persona víctima de algún delito en una causa judicial, fallezca sin ser víctima de un caso resonante y uno no tiene cómo enterarse, por lo que es posible que le llegue una citación judicial y se arme este tipo de escándalos. Esto pasa porque no hay nada que depure el sistema”.
Así, ambas fuentes pusieron una luz de alerta sobre la carencia que tiene el Poder Judicial de San Juan para pulgar su sistema y así evitar que ocurran papelones como el de Cristina Olivares.
El viaje de la Secretaria
La secretaria Natacha García contó extraoficialmente a los periodistas que no estuvo en el país cuando ocurrió el crimen de Cristina Olivares, justificando así su grosero error de citarla a más de un año de su crimen. Ese tipo de medidas administrativas son responsabilidades del Secretario, por lo que escapa, en este caso, al Defensor Oficial.
Natacha García no quiso hablar sobre el motivo de su viaje. Según tres fuentes judiciales, cuando mataron a Cristina Olivares, la secretaria García estaba fuera del país, trabajando en Chile para la FAO.
Coincide con el momento en que fu nombrado en esa oficina Raúl Benítez, ex Ministro de la Producción de San Juan: la página oficial de la ONU informa el 19 de junio de 2012 que “el economista argentino Raúl Benítez es el nuevo Representante Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Benítez fue nombrado por el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, y asumió hoy sus funciones al frente de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, ubicada en Santiago de Chile”.
Según el defensor Vega y el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani, la Corte de Justicia le otorgó a Natacha García una licencia especial de un año sin goce de sueldo.
Lo que nadie quiso explicar oficialmente es cómo llegó Natacha García a trabajar para la FAO en Chile.
Cómo trabaja la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una oficina creada especialmente para los casos de violencia familiar.
Se llama Oficina de Violencia Doméstica (OVD), está a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, y cumplió en 2013 cinco años de funcionamiento ininterrumpido. En ese período recibió 66.471 consultas de personas afectadas por violencia familiar. Y no se conoce que alguna vez hayan citado a una mujer víctima de este delito después de asesinada.
Esa oficina coordina el trabajo con otros poderes del Estado para la correcta derivación de los casos de violencia.
