Hay un punto bisagra que definirá el futuro de la causa penal en la que se investigan las consecuencias trágicas que tuvo la presencia de residuos químicos: los peritajes de las universidades de San Juan y de San Luis. Y es muy posible que la causa salte del fuero local al federal, debido a que la ley de residuos peligrosos dice que ese tipo de delitos deben ser investigados por jueces de la Nación y no de la Provincia.
De todos modos, aunque la causa pase a ser federal, el delito es excarcelable y si se llega a determinar que hubo algún responsable, él o los autores no irán efectivamente presos a la cárcel.
La ley de Residuos Peligrosos tiene el número 24.051. En su apartado sobre el Régimen Penal, determina la competencia en el artículo 58: "Será competente para conocer de las acciones penales que deriven de la presente ley la Justicia Federal”.
Por otra parte, en el artículo 56 determina que las penas son excarcelables para los casos como el ocurrido en la escombrera estatal de Chimbas, debido a que las penas no superan los 3 años de prisión: "Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años”.
Por ahora la investigación penal está en manos del juez Daniel Agudo, del Primer Juzgado Correccional del fuero provincial. Allí nació la causa como "actuaciones investigativas” cuando la madre y la hija resultaron quemadas por los químicos arrojados en la escombrera.
Luego la causa pasó a ser "investigación por homicidio culposo y lesiones culposas”, tras el fallecimiento de la madre y las heridas graves que sufrió su hija. Finalmente, con el fallecimiento de la hija, es doble homicidio culposo la calificación.
En medio de esa investigación es que el juez Agudo ordenó a las universidades de San Juan y de San Luis realizar peritajes a los residuos químicos que provocaron la tragedia. Formalmente ese peritaje dirá si son o no residuos peligrosos. Si lo son, el juez podría enviar todas las actuaciones a la Justicia Federal.
Por otro lado, la denuncia penal contra la empresa productora de mosto ENAV que hizo Raúl Tello, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, en la Fiscalía Correccional N°2, a cargo de Alejandro Mattar, llegó a la jueza del Segundo Juzgado Correccional, Carolina Parra, con el pedido de que se declare incompetente porque el caso ya estaba siendo investigado en el juzgado de Agudo.
Es de esperar que esa denuncia del gobierno provincial contra la empresa que habría arrojado los residuos químicos se sume a la causa que instruía con anterioridad el juez Agudo. Y es muy posible que ambas actuaciones salten al fuero federal en esta semana.
