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SUSCRIBITELa Justicia revocó las liberaciones y los arrestos domiciliarios dispuestos días atrás y ordenó que los siete imputados vuelvan al Penal de Chimbas. La familia del niño asesinado en el barrio Valle Grande aseguró que espera que “paguen todos por igual” y que el crimen “no quede impune”.
Luego de la resolución del juez de Impugnación Daniel Guillén, que ordenó la prisión preventiva para los siete acusados por el crimen de Emir Barboza, la familia del joven expresó alivio. También aseguró que espera que la causa avance hasta lograr una condena para todos los involucrados.
La decisión judicial, conocida este jueves en Tribunales, modificó por completo lo resuelto días atrás por la jueza de Garantías Mabel Moya, quien había dejado en libertad a cuatro imputados y otorgado prisión domiciliaria a los otros tres. Ahora, todos deberán cumplir tres meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras continúa la investigación.
Tras conocerse la medida, allegados de Emir manifestaron su conformidad con el fallo y remarcaron que la muerte del joven “no puede quedar impune”. Además, sostuvieron que todos los sospechosos deben responder ante la Justicia por igual, al considerar que “todos participaron esa noche”.
“Estamos conformes con que estén presos. Ahora se está viendo la Justicia y queremos que siga así. Tienen que pagar por lo que hicieron. La muerte de Emir no puede quedar impune”, expresaron familiares del joven en declaraciones a Tiempo de San Juan.
La audiencia de este jueves estuvo marcada por la sorpresa que generó la resolución del juez Guillén. Incluso, los cuatro acusados que habían recuperado la libertad debieron entregar sus pertenencias y fueron trasladados esposados al Penal de Chimbas luego de la nueva decisión judicial.
Según los fundamentos del magistrado, aún quedan medidas probatorias pendientes, como la declaración de testigos, y existe riesgo de entorpecimiento de la investigación si los imputados permanecen fuera de prisión.
El planteo coincidió con el sostenido por el fiscal Francisco Nicolía, quien había cuestionado la resolución previa de la jueza Moya al considerar que había valorado solo una parte de las pruebas incorporadas a la causa.
Uno de los puntos centrales del debate fue el resultado negativo de los estudios de absorción atómica realizados a algunos de los sospechosos, ya que no presentaban restos de pólvora en las manos. Ese elemento había sido considerado por la jueza de Garantías al momento de ordenar liberaciones y arrestos domiciliarios.
La nueva resolución, sin embargo, fue rechazada por las defensas de los imputados. Los abogados Jorge Olivera Legleu, Miguel Ángel Gelvez (h), Nicolás Gómez Camozzi, Jorge Videla y Marcelo Abarca adelantaron que impugnarán la medida por escrito. Durante la audiencia, Olivera Legleu incluso cuestionó al juez Guillén y sostuvo que el fallo “ya estaba redactado de antemano”.