Roberto Correa Esbry, Subsecretario de Trabajo de la Provincia, aseguró a Tiempo de San Juan que más allá del proceso penal que surge de un caso de trabajo esclavo desde su oficina investigarán la situación. Si comprueban que hay un delito laboral podrían clausurar el lugar y penarlos con las multas más altas, que van de 100 a 2000 salarios mínimos vital y móvil en la actualidad valuado en $4000.
Esto se debe a que si que las condiciones de los 30 trabajadores tucumanos corresponden a un caso de trata de personas o explotación podrían aplicar la figura de Infracción muy grave. En caso de probar que había menores de 16 años que también trabajaban el dueño de la empresa deberá pagar también por ellos.
A partir de la denuncia del caso desde la Subsecretaría de trabajo movilizaron a inspectores para investigar el hecho. Estos verificaran las condiciones laborales y de higiene y seguridad, teniendo en cuenta el lugar de trabajo y la ropa y elementos que utilizaban.
