Por Gustavo Martínez Puga
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Este pedido de investigación patrimonial fue solicitado formalmente por las actuales autoridades de la Caja MOB el miércoles último ante el Cuarto Juzgado de Instrucción. Ahora el juez Maximiliano Blejman tiene que analizar si el pedido de esas pruebas son o no útiles a la investigación penal.
Si considera que lo son, será el magistrado el que deberá cursar los oficios solicitando información a la AFIP, a la ANSES, al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a los colegios profesionales que nuclean a los médicos, a los odontólogos y a los bioquímicos.
Esposas e hijos
El pedido de investigación patrimonial de la querella no solo está dirigido a los siete miembros de la ex Junta de Administración y a los seis de la Comisión de Terreno, sino que también abarca a las esposas y a los hijos mayores de edad de estos 13 profesionales de la salud que autorizaron la compra de una finca de 27 hectáreas por 1,3 millones de dólares, cuando en realidad al dueño le pagaron 260.000 dólares. Eso permitió que, en el camino, alguien se quedara con un millón cuarenta mil dólares de todos los afiliados a la caja previsional.
La Caja MOB tiene cerca de 5.000 afiliados. En su gran mayoría son médicos, le siguen los odontólogos y los bioquímicos y, últimamente, se incorporaron médicos veterinarios. Manejan un presunto de unos 100 millones de pesos, según fuentes de la entidad.
Hasta ahora hay tres involucrados en forma directa en la estafa: el odontólogo Luis Minin, integrante de la Comisión de Terreno; la escribana y presidenta del Colegio Notarial, María Isabel Carchano, quien habría participado de los dos boletos de compra-venta; y el comisionista Walter Orellano.
En base a la denuncia y a lo investigado judicialmente hasta ahora, se supone que Minin, Carchano y Orellano son los responsables de haber comprado la finca de Santa Lucía en 260.000 dólares a los hermanos Raúl y Juan Carlos Cosentino, y luego se la cobraron en 1,3 millones de dólares a la Caja MOB.
Orellano llevó la propuesta a la Caja MOB; Minin integraba la Comisión de Terreno que debía controlar el precio y la calidad del terreno y fue quien contactó a Raúl Cosentino; la escribana Carchano habría sido indispensable para la doble operación.
Para que esto se pudiera concretar, la anterior Junta de Administración de la caja debió autorizar la operación y ejecutar el pago. Y las sospechas es que algunos de sus integrantes podrían haber sido parte de la maniobra que concretaron Minin, Orellano y Carchano.
Según las abogadas querellantes, la intención de investigar el patrimonio de los 13 profesionales de la anterior Junta de Administración es para conocer cuáles son sus ingresos; qué bienes adquirieron durante y después de su gestión en la Caja MOB; qué viajes realizaron; cuáles fueron sus movimientos bancarios, entre algunos puntos.
“Creemos que de esos datos puede surgir alguna información útil para ver dónde fue a parar el millón cuarenta mil dólares. Si no tienen nada que ver, será un beneficio hasta para ellos mismos. Queremos que demuestren que el patrimonio que obtuvieron en los últimos años fue en función de sus ingresos, de sus negocios o de alguna herencia; no sé, tendrán que justificarlo”, precisó la abogada Violeta Correa.
“Por pedido de las actuales autoridades de la Caja MOB hacemos esto y esperamos estar ayudando a la Justicia para que se investigue a fondo”, concluyó Victoria Cabral.
Peritos, la clave
El trabajo de los peritos caligráficos oficiales, y los que ofrecieron las partes, serán cruciales para saber a ciencia cierta si la escribana María Isabel Carchano participó o no de los dos boletos de compra-venta; si el odontólogo Luis Minin se hizo pasar por otra persona y falsificó una firma para poder adquirir la finca por 260.000 dólares y cobrarla a la Caja MOB en 1,3 millones de dólares.
