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Expropiaciones

Del Bono y Graffigna dicen que no conocen ningún acuerdo por el escándalo

Carmen Arévalo de Del Bono fue citada como jefa de la Sociedad que cedió por cifras insignificantes terrenos a clientes del abogado y asesor Graffigna, por los cuales luego cobraron un dineral.

Por Redacción Tiempo de San Juan


Las mujeres de beneficencia se declararon engañadas por quien era su asesor, el abogado Santiago Graffigna, pero no le hicieron ningún reclamo judicial, como habían adelantado sus abogados. Por el contrario, hubo versiones de un acuerdo extrajudicial entre ellos, y el semanario El Nuevo Diario aseguró que ese entendimiento se firmó el viernes 19 de octubre. El monto involucrado en la operación que circuló como versión es de $ 3 millones.

Por esa razón, la Fiscalía de Estado pidió que los protagonistas sean citados a declarar para explicar su hubo acuerdo y por qué monto. Y de dónde salió el dinero que eventualmente se puso arriba de la mesa. Hoy le tocó el turno a la máxima autoridad de la Sociedad San Vicente de Paul, Carmen Arévalo del Bono, quien negó el acuerdo. Y mañana será el turno de uno de los abogados de la sociedad de beneficencia, el mendocino Ulises Morales. Por el lado de Santiago Graffigna, uno de sus abogados, Rolando Lozano, dijo desconocer la existencia de algún acuerdo.

La relación entre la Sociedad San Vicente de Paul y el abogado Graffigna es uno de los grandes misterios del escándalo de las expropiaciones. Porque la sociedad es la dueña del terreno del cruce de Matías Zaballa y San José que fue expropiado en 1949 y que fue pagado entre 2009 y 2010 luego de un fallo del juez Carlos Macchi en unos $25 millones (capital, intereses y honorarios). Pero el que cobró fue Graffigna y no la sociedad, porque San Vicente de Paul cedió los derechos a un tal “Ruiz, Guillermo” –y éste a Graffigna- por $2.000. En otro juicio, las mujeres cedieron los derechos de un terreno ubicado en Rawson donde luego se hizo el barrio Orzali, a dos personas: el 35% a María Celina Infante y el 65% restante a Miguel Suraty. Ese juicio comenzó en 1988 y la cesión se hizo en 2005, cuando aún no habían podido cobrar, pero tenía fallo en firme para hacerlo en $1,1 millón.

¿Por qué las mujeres vendieron los derechos? En Tribunales, tanto Del Bono como otras asociadas que fueron citadas dijeron que fueron engañadas por su asesor. Que no les había dicho que ellas podían reclamar sin ceder los derechos (en el caso “Ruiz, Guillermo”), y no que ya había sentencia de cobro (en el caso Suraty). E incluso amenazaron con una serie de medidas contra su supuesto asesor infiel.

Por el contrario, en el caso en que hubieran firmado un convenio extrajudicial, el camino elegido fue el inverso. El Nuevo Diario citó en su edición del 26 de octubre, que el acuerdo se había celebrado y que quienes participaron fueron uno de los abogados de Santiago Graffigna, Rolando Lozano, y los letrados de la obra de caridad vicentina Ulises Morales y Fabián Gómez Bravo.

 

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