Jueces y fiscales de todo el país velan las armas para lo que suponen una batalla extensa y desgastante con el Gobierno por el pago del Impuesto a las Ganancias. La firma del decreto en el que se oficializará el cobro del tributo logró ser congelada tras intensas gestiones de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) que le arrebató al Ejecutivo la promesa de que -al menos- hasta el miércoles que viene, el presidente Mauricio Macri no estampará su firma en el decreto para que todos los magistrados nombrados a partir del 1 de enero de 2017 comiencen a pagar Ganancias. Pero la negociación sigue abierta por los términos en los que quedará redactada finalmente la disposición que ya fue aprobada por ley pero que no entró en vigencia para el Poder Judicial, según publicó hoy Ámbito.
A esto se suma una fricción interna entre distintos sectores del Gobierno que abogan por una solución no conflictiva con los magistrados, en plena campaña electoral. Los jueces ya le anunciaron a sus interlocutores que si el decreto reglamentario se firma tal cual fue girado desde el Ministerio de Justicia que preside Germán Garavano, sembrarán de amparos los tribunales de todo el país y judicializarán la decisión para intentar bloquearla. A su vez, un sector de Cambiemos impulsa una señal política que marque el comienzo del declive de un privilegio que hoy sólo ostenta el Poder Judicial, los Ministerios Públicos y los empleados judiciales que se desempeñan en las distintas áreas de la Justicia.
Una comitiva de jueces de la Asociación dejaron en claro, en una reunión el miércoles, ante el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas que irían a fondo con los reclamos por la vía judicial si el decreto era firmado. Clusellas se mostró receptivo al reclamo de los magistrados y pareció poco convencido con el texto que llegó desde los despachos de Garavano y de su segundo, Santiago Ottamendi. En ese borrador -que iba a estar a la firma de Macri en medio de la feria de invierno- se establecía que cualquier "nombramiento" de un juez, a partir de este año sería susceptible de tributar. La discusión de la AMFJN giró en torno a que esto implicaría un desaliento a la carrera judicial por parte de los secretarios que, de acceder al cargo de jueces, y por el pago del impuesto terminarían ganando menos que en su puesto anterior. La solución propuesta por la agrupación modificaría la palabra nombramiento por la de "ingreso" al Poder Judicial. De esta forma, ninguno de los que ya están adentro pagaría porque "ingresaron" al Poder Judicial con anterioridad al 2017. El pago de Ganancias quedaría restringido a aquellos que -desde otros ámbitos- fueran incorporados a juzgados, fiscalías y defensorías. Con el decreto "stand-by", la Asociación se anotó un triunfo para sus propias bases que veían la inminente puesta en vigor de la nueva ley, con la firma de Macri.
La semana pasada, los jueces habían cosechado otro apoyo dentro del propio Gobierno. El titular de la AFIP, Alberto Abad les comunicó que el impacto fiscal que tendría la implementación no movía el amperímetro a las arcas públicas. De hecho, aunque se pusiera en práctica el borrador original del Ministerio de Justicia, hoy sólo 12 personas tributarían a partir de los únicos nombramientos que el Gobierno oficializó hace pocos días.
La pulseada Garavano-Clusellas tendrá un nuevo capítulo la semana que viene con la eventual modificación del borrador. Nadie quiere desatar una guerra en capítulos con los jueces que advirtieron que cuentan con un aval -aunque siempre fluctuante- de la Corte Suprema para acceder a pagar el impuesto pero bajo condiciones más flexibles.
(Fuente: Ambito)
