El ex ministro de Planificación del kirchnerismo y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido sumó un nuevo procesamiento judicial por un caso de corrupción. El juez Claudio Bonadio procesó a De Vido por el delito de defraudación contra la administración pública por el modo en que se repartieron los subsidios a los colectivos del Área Metropolitana y a algunas líneas del interior del país.
Durante los primeros años del kirchnerismo, los millonarios subsidios a los colectivos se repartían de acuerdo a -entre otras cosas- la cantidad de kilómetros recorridos y de pasajeros transportados por las empresas. Las empresas presentaban declaraciones juradas de la cantidad de pasajeros y de kilómetros recorridos y ante ello el Estado pagaba los subsidios.
Con la implementación de la tarjeta SUBE y la instalación de dispositivos de GPS, en los colectivos se activó un sistema de control que antes no existía.
En la causa judicial se compararon los datos previos y posteriores a los controles y se determinó que hubo empresas que cobraron entre el 5 y el 50% más de dinero que el que les correspondía. Según fuentes judiciales se detectó un perjuicio para el Estado por unos 609 millones de pesos. De ese total 403 millones corresponden a la entrega de dinero en efectivo a las empresas y 205 millones en gasoil subsidiado para los colectivos.
También fueron procesados, sin prisión preventiva los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, quien como De Vido es diputado nacional por el Frente para la Victoria. El juez les fijó embargos a todos los procesados en virtud del monto de la defraudación : el de De Vido es fue establecido en 1000 millones de pesos.
Entre los procesados y embargados también se encuentran Eduardo Sícaro, Guillermo Lapadula y Pedro Ochoa Romero, quienes estuvieron al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
En la resolución firmada por Bonadio se explica la maniobra
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, con la anuencia del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se encargó de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal. A tal efecto se dictaron las resoluciones que regulaban todo el sistema incluyendo las relativas a la actuaciones de la CNRT y terminaron creando un entramado de múltiples subsidios y compensaciones superpuestas hasta el extremo de entregar seis subsidios simultáneos con formulas de cálculo diferentes, ademas del gasoil a precio diferencial que a su vez poseía otra fórmula más.
En ese marco, el 23 de julio de 2003 se dictó la resolución 23/2003 de la Secretaría de Transporte que los kilometrajes a considerar para los cálculos de los subsidios fueran proporcionados por las empresas beneficiarias a través de declaraciones juradas.
Fuente: Infobae
