Según informó El Argentino Zona Norte, la empresa Johnson
& Johnson de Pilar hizo circular una polémica encuesta para conocer datos
sobre la filiación política de sus empleados, en un claro avance con
"desprecio por las normas y por los trabajadores” amparado en el discurso
oficial claramente a favor de los empresarios.
La encuesta se dio el jueves pasado, y ante la reacción, el
departamento de Recursos Humanos tuvo que dar marcha atrás: las preguntas que
leyeron los 400 obreros consultaban si ocupan u ocuparon un cargo en algún
partido político, si trabaja o ha trabajado "en los dos últimos años en el
gobierno o en alguna de sus dependencias” o si fue "socio, dueño o accionista
de algún cliente, proveedor o competidor de alguna de las empresas del grupo” o
"de alguna empresa vinculada con el cuidado de la salud”.
El cuestionario les fue entregado en la planta ubicada en la
Ruta 8, Km. 63.500, de la localidad pilarense de Fátima. La reacción de la CTA
hizo que la empresa reconociera el 'error' y que se comprometiera a romper los
cuestionarios ya contestados: "No sólo viola todas las leyes y la constitución,
sino que además las preguntas son descabelladas para los operarios. Una vez más
la empresa se presenta fuera de la ley, demostrando desprecio por las normas y
por los trabajadores”, reflejó Jesús Humaño, titular de la CTA Pilar en un
comunicado.
"Amparada en el discurso oficial, en contra de los
trabajadores, pretende desarrollar relaciones laborales en un marco de absoluta
desprotección, generándose situaciones de precarización y explotación,
inadmisibles en el siglo XXI, el siglo de los Derechos Humanos”, agregó el
escrito.
El texto de la central trabajadora lanzó el "más enérgico
repudio” y exigió a la multinacional "cesar con tal actitud discriminatoria”.
Según explicó Humaño, la intentona de obtener información "responde a la
sindicalización” que se está gestando, como consecuencia de los niveles de
precarización y tercerización del trabajo.
"Esta práctica, que podría tener más sintonía con la
gerencia que con los trabajadores, en una clara persecución a la organización y
la práctica política de sus trabajadores, que es totalmente legal”, finalizó
Humaño en declaraciones al sitio.