La Cámara de Diputados se prepara para una sesión maratónica
que tendrá la ley antidespidos como tema más polémico, mientras en las últimas
horas se hizo fuerte la versión de que Cambiemos podría abstenerse para
facilitar la aprobación del proyecto impulsado por el Frente para la Victoria.
El oficialismo buscaría así que triunfe el texto con media
sanción del Senado, que declara la emergencia ocupacional por 180 días y fija
la doble indemnización, para después llegar al veto presidencial de Mauricio
Macri.
De esta manera, el costo político sería menor que el del
veto a la propuesta del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que contempla
el fomento a las pymes y el trabajo para jóvenes, discapacitados y mayores de
50 años, lo que significa más dinero de las arcas estatales.
El dictamen del massismo sólo podrá votarse si antes
fracasan los correspondientes al Frente para la Victoria y a Cambiemos, que
lisa y llanamente pide rechazar la media sanción del Senado; el dato saliente
es que ningún bloque podrá triunfar por sí solo.
En la previa del debate, el jefe del bloque de diputados K,
Héctor Recalde, mantuvo una reunión con su par del Senado, Miguel Pichetto, y
también con Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Pablo Micheli (CTA
Autónoma).
La sesión de este miércoles durará, como mínimo, 20 horas,
según estimaciones realizadas en una reunión de Labor Parlamentaria en el Anexo
C de la Cámara baja, donde se sugirió que el debate por la emergencia
ocupacional arrancará alrededor de las 23.
En ese encuentro, Cambiemos se comprometió a aportar los dos
tercios necesarios para habilitar el tratamiento de la ley antidespidos sobre
tablas –dado que el dictamen no tiene los siete días de vigencia
reglamentarios-, pero puso como condición que el proyecto sea el último del
temario.
El primer tema de la sesión será la ley de acceso a la
información pública, que, a pesar de algunas objeciones, cuenta con consenso
general de todos los bloques.
La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo obliga a los
tres poderes del Estado a brindar la información requerida por cualquier
ciudadano en un plazo de 15 días –prorrogables por otros 15-, y establece
sanciones para el que así no lo hiciera.
El texto enumera una serie de excepciones para la entrega de
información, por ejemplo, cuando se trate de datos confidenciales relativos a
la seguridad nacional y al secreto bancario; y además se contempla la
transparencia activa por parte de los sujetos obligados.
En segundo término, Diputados se abocará al debate por la
devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la
canasta básica alimentaria, otro proyecto enviado por el Ejecutivo.
El texto apunta a devolver a un sector de la población un
monto del 15% como mínimo –fijado en $300- sobre los bienes de esta canasta, y
los beneficiarios de la ley serán quienes perciben jubilaciones; pensiones por
fallecimiento o pensiones no contributivas nacionales; la Asignación Universal
por Hijo (AUH) y por Embarazo.
A pesar de que en los últimos días Cambiemos dejó trascender
que podría incluir en la sesión un proyecto para autorizar el allanamiento
sobre el domicilio y las oficinas del diputado Julio De Vido, finalmente la
propuesta no fue incluida en el Orden del Día de la sesión.
Su impulsor, Pablo Tonelli (Pro) tiene la posibilidad de
pedir su tratamiento sobre tablas, pero necesitará el difícil aval de los dos
tercios de los votos, porque el texto nunca fue tratado, y menos aún cuenta con
dictamen de comisión.