El juez federal Ariel Lijo fue apartado de la causa en la que se investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Gran parte de la causa está actualmente siendo sometida a juicio oral, y en el banquillo de acusados están sentados el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, entre otros.
El apartamiento fue dictado al cuestionarse la falta de mérito con la que se benefició a los ex secretarios del ex juez del caso Juan José Galeano. La resolución fue adoptada por los jueces Carlos Gonzalez, Jorge Raimondi y Rodolfo Argerich, de la sala ad hoc de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que interviene en el caso.
La Cámara hizo lugar al pedido realizado por todas las querellas que cuestionaron la decisión de Lijo de favorecer a los entonces secretarios de Galeano, Javier De Gamas, Susana Spina, José Pereyra y Carlos Velazco.
Los camaristas advirtieron que "el juez evita efectuar una completa merituación de los hechos imputados y una racional comprobación de su existencia a través del análisis conjunto de la prueba aunada al expediente".
"En ciertos casos, se sopesan pruebas en sentido contrario al modo en que lo hiciera en anteriores intervenciones, sin explicar los motivos de tan rotundo cambio", dijeron los jueces respecto de Lijo.
En el marco de este proceso, se encuentran imputados el ex juez Galeano, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el ex presidente Menem, y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy.
También los ex fiscales Eamon Gabriel Mullen y José Carlos Barbaccia y el ex titular de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal en esa época, Jorge "Fino" Palacios. El ex reducidor de autos Carlos Alberto Telleldín; el ex jefe de la SIDE, Patricio Miguel Finnen; Ana María Boragni (ex pareja de Telleldín), el abogado Víctor Stinfale; Juan Carlos Anchezar (ex número dos de la SIDE), y Carlos Castañeda (ex jefe del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal) forman parte de la lista de quienes están siendo juzgados.
Se intenta determinar irregularidades en el marco de la investigación del atentado, que incluyen el pago ilegal de 400 mil dólares a Telleldín para que acusara a un grupo de policías bonaerenses y, el desvío de la denominada "pista siria".
